El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en la localidad de Nizanda, Oaxaca, dejó una estela de muerte, heridas e incertidumbre entre pasajeros y familiares. Con cerca de 250 personas a bordo, el convoy se salió de las vías en una curva pronunciada de la Línea Z, provocando que uno de los vagones de pasajeros cayera a un barranco de más de seis metros, mientras otro quedó semisuspendido, con un saldo oficial de 13 personas fallecidas y casi un centenar de lesionados.
Entre las sobrevivientes se encuentra Katherine Vásquez, de 21 años, quien viajaba desde Ixtepec hacia Chivela cuando ocurrió el accidente. La joven relató que, instantes antes del descarrilamiento, percibió temor entre el personal y los pasajeros por la velocidad del tren en una curva cerrada. En su memoria, el momento quedó marcado por la sensación de que el peso del vagón venció al giro, sin un impacto directo, pero con el vuelco repentino del coche.
El vagón donde viajaba Vásquez fue el que cayó al barranco, girando varias veces hasta detenerse. En medio de gritos y confusión, la sobreviviente se aferró al portaequipaje mientras veía a otras personas heridas a su alrededor. Al lograr salir, recibió apoyo improvisado de pobladores y personal de primeros auxilios, quienes le inmovilizaron la pierna con maderas, antes de ser trasladada a un hospital de la región.
La atención médica posterior también generó señalamientos. Vásquez aseguró que fue dada de alta sin explicaciones claras sobre su estado de salud y sin recibir los medicamentos recetados, debido a la falta de insumos. Días después, una consulta privada confirmó lesiones cervicales que requerían collarín, además de contusiones, lo que evidenció deficiencias en la atención inicial tras el siniestro.
Ante la magnitud del accidente del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos para cada persona afectada y para las familias de las víctimas mortales. Durante su visita a hospitales de Salina Cruz, la mandataria afirmó que el gobierno cubrirá gastos funerarios, traslados y mantendrá contacto con los lesionados, mientras la Fiscalía General de la República determina las causas del descarrilamiento.
Sin embargo, el accidente reavivó cuestionamientos previos sobre la planeación y seguridad de la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación advirtieron desde 2019 que el tramo donde ocurrió el siniestro presentaba pendientes y curvaturas elevadas, además de una deficiente planeación en los trabajos de rehabilitación de la vía férrea.
Los informes oficiales señalaron que los primeros contratos se otorgaron sin contar con estudios completos ni programas de ejecución terminados, lo que derivó en rescisión de obras, irregularidades administrativas y observaciones por posibles daños al erario. A pesar de estas advertencias, la rehabilitación continuó como parte de un proyecto prioritario del gobierno federal para conectar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Mientras las autoridades investigan responsabilidades técnicas y administrativas, la Secretaría de Gobernación confirmó la identidad de las 13 personas fallecidas, entre ellas adultos mayores y dos menores de edad. El año cerró con luto para decenas de familias y con dudas abiertas sobre la seguridad del Tren Interoceánico, un proyecto estratégico que hoy enfrenta el desafío de responder a las víctimas y garantizar que una tragedia similar no vuelva a repetirse.
