La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a tomar forma tras una reunión de más de cuatro horas en Palacio Nacional con la Comisión Presidencial encargada de redactar la iniciativa y los coordinadores parlamentarios de Morena. En ese encuentro se delinearon los ejes centrales del proyecto, que incluyen la reducción del financiamiento público a los partidos, cambios a la representación proporcional para disminuir el número de legisladores, ajustes a los órganos electorales, la eliminación del fuero y la fijación de la revocación de mandato para 2027.
Aunque el planteamiento es ambicioso, su viabilidad política aún es incierta, ya que para modificar la Constitución Morena necesita el respaldo de sus aliados electorales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Ambas fuerzas han manifestado reservas ante cambios que podrían afectar sus prerrogativas económicas y su presencia en el Congreso, particularmente la eventual eliminación de diputaciones plurinominales y los recortes al financiamiento.
Durante las reuniones encabezadas por Sheinbaum participaron figuras clave de su gobierno, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, así como los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López. El objetivo fue alinear posturas dentro de Morena antes de abrir la discusión con los partidos aliados.
La Comisión Presidencial presentó distintos escenarios sobre los puntos más sensibles de la reforma. En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), se analizaron posibles recortes al gasto sin comprometer su función como árbitro electoral. Sobre la reducción de legisladores, se advirtió que el ahorro salarial sería limitado si no se ajusta el gasto operativo del Congreso y que una disminución drástica de distritos implicaría un complejo rediseño electoral a cargo del propio INE.
Otro de los temas abordados fue la reducción del financiamiento a los partidos políticos, una medida que afectaría especialmente a Morena por ser la fuerza con mayores prerrogativas, pero también al PVEM y al PT, que dependen en gran medida de esos recursos. Asimismo, se discutió el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales, cuya desaparición ha sido descartada por ahora, optando por reformar sus mecanismos de designación y atribuciones.
En la mesa también se analizaron propuestas como la posible representación legislativa de mexicanos en el extranjero, los requisitos para la creación de nuevos partidos, el modelo de campañas basado en spots y la intención de empatar la revocación de mandato con la jornada electoral intermedia de 2027. Incluso se valoró la opción de aplazar la elección de jueces para evitar la saturación de procesos electorales en un mismo año.
La clave para avanzar, reconocieron los propios dirigentes morenistas, está en convencer al PVEM y al PT. Ricardo Monreal admitió que no habrá reforma constitucional sin sus votos y urgió a iniciar de inmediato las negociaciones. Desde el PT, el diputado Reginaldo Sandoval dejó claro que el bloque gobernante depende de lo que decidan los aliados, mientras que en el Partido Verde persisten las reservas sobre una reforma de gran calado.
Por ahora, las reuniones no han derivado en una iniciativa definitiva, pero sí han servido para acercar posiciones dentro de Morena y su Comisión. La propuesta podría estar lista en dos o tres semanas y, de acuerdo con los coordinadores parlamentarios, no se hará pública hasta lograr un consenso mínimo con los aliados. La consigna, según fuentes cercanas al proceso, es impulsar cambios sin poner en riesgo la alianza oficialista ni la mayoría calificada en el Congreso.
