La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales entrarán en vigor este viernes 17 de octubre. Con ello, el gobierno federal busca modernizar los procesos judiciales mediante el uso obligatorio de herramientas digitales y redefinir los alcances del juicio de amparo.
El decreto, firmado por la mandataria, establece que todas las autoridades deberán contar con un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que las notificaciones, promociones y resoluciones podrán realizarse de manera electrónica con la Firma Electrónica Judicial, la cual tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Además, se redefine el concepto de “interés legítimo” para restringir el acceso al amparo a quienes acrediten una afectación real y directa, descartando los casos de interés hipotético o eventual.
Las reformas fueron aprobadas en el Senado apenas siete horas después de que la Cámara de Diputados enviara la minuta, sin pasar por comisiones. El dictamen obtuvo 82 votos a favor y 38 en contra. La oposición acusó que la reforma mantiene un carácter retroactivo y representa un retroceso en los derechos ciudadanos, al limitar el uso del amparo frente a posibles abusos del poder. En contraste, el senador morenista Javier Corral defendió que los ajustes hechos por los diputados “atajaron el tema de la retroactividad” y aclaró que el artículo transitorio fue redactado conforme a la doctrina de la Suprema Corte.
El documento publicado señala que las etapas procesales concluidas antes de la entrada en vigor del decreto se regirán por la legislación previa, mientras que las actuaciones posteriores deberán acatar las nuevas disposiciones. Con esto, el Ejecutivo busca evitar que la reforma sea considerada retroactiva, aunque especialistas y legisladores de oposición sostienen que su aplicación podría afectar derechos adquiridos.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y calificó de “mentirosos” a quienes aseguran que implica retroactividad. “O mienten deliberadamente o no la han leído”, afirmó. La mandataria sostuvo que el nuevo marco legal permitirá hacer del juicio de amparo un proceso más expedito, sin eliminar derechos fundamentales. “Los lavadores de dinero, deudores alimentarios o fiscales seguirán teniendo acceso a los amparos, pero no podrán obtener suspensiones automáticas sin garantizar los recursos que adeudan”, puntualizó.
Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aseguró que existe una “campaña de desinformación” impulsada por sectores del poder judicial y grupos económicos afectados por las reformas. Dijo que la nueva ley no restringe derechos, sino que busca modernizar el sistema judicial y avanzar hacia una justicia digital más accesible y menos costosa.
Zaldívar también criticó a quienes calificó como “comentócratas de consigna” que, según él, actúan por intereses políticos o económicos. “Mienten deliberadamente porque no conocen del amparo o porque se beneficiaban del viejo sistema”, señaló. Recordó que algunos jueces otorgaban suspensiones generales a empresas extranjeras en materia energética, “violando la ley y afectando al país”.
Ante los señalamientos de la calificadora Fitch Ratings sobre un posible aumento del riesgo regulatorio por la reforma, Sheinbaum rechazó que los cambios afecten la inversión. “Esta ley no va en contra de la inversión ni de los derechos de los mexicanos; al contrario, fortalece el acceso a la justicia y protege al pueblo frente a actos injustos de la autoridad”, concluyó.
