El Senado aprobó con una amplia mayoría la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma integral que eleva las penas para quienes cometan este delito y estandariza los procedimientos en todo el país. Con 110 votos a favor, el dictamen modifica el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras normativas para cerrar brechas legales que favorecían la impunidad. La iniciativa incorpora perspectiva de género, penaliza con mayor severidad la operación desde dispositivos electrónicos y refuerza medidas de protección a víctimas.
Entre los cambios centrales destaca el aumento del umbral penal, que pasa de un rango de 6 a 15 años a uno de 15 a 25 años, acorde con legislaciones estatales como Tamaulipas, CDMX o Chiapas, donde ya se contemplaban sanciones más altas. Legisladores advirtieron que mantener la pena mínima en seis años permitía solicitar libertad anticipada mediante retroactividad favorable, por lo que el ajuste busca evitar vacíos legales. La reforma también establece agravantes que podrían elevar la pena hasta 42 años cuando se impida la denuncia o se causen daños a bienes comerciales.
Los senadores subrayaron la urgencia de combatir un delito que afecta directamente a comercios, transportistas, productores agrícolas y ciudadanos, y del cual más de 80% de los casos proviene de centros penitenciarios, según cifras expuestas durante el debate. Por ello, la ley impone sanciones de hasta 12 años a quien introduzca teléfonos o dispositivos electrónicos a penales, y hasta 30 años para autoridades que permitan las condiciones para la operación de extorsiones desde el interior de los reclusorios.
Uno de los aspectos más innovadores es la protección del anonimato de las víctimas, quienes podrán solicitar reserva de datos personales, uso de métodos para evitar identificación visual o auditiva y participación remota en procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar medidas inmediatas cuando exista riesgo para la integridad física o emocional de la persona denunciante. También se establece que los recursos obtenidos por extinción de dominio serán destinados a la restitución de los derechos de las víctimas.
La ley sanciona con 10 a 20 años a policías, fiscales, custodios o jueces que no denuncien actos de extorsión de los que tengan conocimiento. Este punto generó consenso entre Morena, PAN, PRI, MC, PT y PVEM, aunque legisladores del PRI y PAN señalaron que la reforma requiere mayor presupuesto para ser aplicada con eficacia. Advirtieron que un marco jurídico más severo no será suficiente sin fortalecer capacidades de investigación y coordinación.
El nuevo marco legal también ordena crear unidades especializadas en fiscalías estatales y federales, con policías, y ministerios públicos certificados para investigar la extorsión bajo criterios homogéneos en todo el país. La ley incluye mecanismos para el bloqueo de equipos móviles asociados a delitos cometidos desde cárceles, previa orden judicial, así como la prohibición de beneficios de libertad anticipada, conmutación o reducciones de pena para personas sentenciadas por extorsión.
La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados, donde será discutida y votada antes de pasar a la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque hay consenso generalizado entre las bancadas, persisten preocupaciones sobre su implementación operativa. Legisladores de oposición insistieron en que, sin mayor inversión en seguridad y sin desarticular redes criminales dentro y fuera de penales, el impacto podría ser limitado.
