Al menos 31 figuras políticas que han ocupado cargos públicos en los últimos siete años concentran concesiones de agua que, en conjunto, superan los 6 millones 200 mil metros cúbicos anuales, un volumen equivalente a 2 mil 511 albercas olímpicas. De acuerdo con una revisión al Registro Público de Derechos de Agua, estos permisos permiten el uso del recurso para fines agrícolas, pecuarios e industriales, en un contexto nacional marcado por sequías y conflictos por el acceso al agua.
Entre quienes acumulan mayores volúmenes de concesión destacan el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. También figuran funcionarios en activo como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, así como gobernadores estatales, lo que evidencia que el acceso al recurso atraviesa a prácticamente todos los niveles del poder público.
El tema cobró mayor relevancia luego de que el pasado 4 de diciembre se expidiera la Ley General de Aguas y se reformara la Ley de Aguas Nacionales, en medio de protestas de campesinos y agricultores en entidades como Baja California, Chihuahua y Guanajuato. La nueva legislación modifica el modelo de concesiones al prohibir su transmisión entre particulares y fortalecer la facultad de la Comisión Nacional del Agua para reasignar volúmenes en casos de herencias o cambios de propiedad.
Especialistas con experiencia en la Conagua advirtieron que, si bien las reformas otorgan mayor control al Estado sobre el recurso hídrico, también podrían abrir espacios de opacidad en la reasignación de títulos. Durante el debate legislativo, las acusaciones entre partidos escalaron, con señalamientos cruzados sobre políticos que poseen concesiones, aunque la revisión de los registros muestra que hay beneficiarios en prácticamente todas las fuerzas políticas.
En el Poder Judicial, la ministra María Estela Ríos González cuenta con una concesión de 120 mil metros cúbicos en Dolores Hidalgo, Guanajuato, registrada en 2019, cuando ocupaba un cargo en la Sedatu. La funcionaria respondió que el uso es estrictamente agrícola y que cumplirá con la ley vigente. En el ámbito legislativo, Jorge Carlos Ramírez Marín concentra el mayor volumen, con más de 1.4 millones de metros cúbicos anuales en Yucatán, destinados —según explicó— a la irrigación de su rancho.
Entre los mandatarios estatales, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, posee siete concesiones que suman cerca de 382 mil metros cúbicos, mientras que los gobernadores de Durango, Zacatecas y Coahuila también figuran como concesionarios en sus respectivas entidades. Estos casos contrastan con discursos públicos en contra de la privatización del agua y a favor de que el recurso sea considerado un bien estratégico de la nación.
Exfuncionarios federales también aparecen en los registros. Olga Sánchez Cordero cuenta con más de un millón de metros cúbicos anuales en Nuevo León y ha defendido que su familia se dedica históricamente a la agricultura. Alfonso Romo mantiene una concesión de 600 mil metros cúbicos, aunque investigaciones previas revelaron que empresas vinculadas a él acceden a volúmenes mucho mayores, lo que derivó en señalamientos durante el sexenio pasado.
Legisladores de Morena, PRI, PAN y PVEM con concesiones vigentes participaron directamente en la discusión y votación de la reforma hídrica, algunos a favor y otros en contra. Varios de ellos aseguraron que sus títulos se encuentran dentro de la legalidad y que se apegarán a las nuevas disposiciones. Sin embargo, el debate público se mantiene abierto, pues la concentración de concesiones en manos de políticos ocurre en un país donde el acceso al agua sigue siendo un problema crítico para millones de personas.
