El conflicto político y judicial en torno al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, volvió a escalar luego de que Morena presentó nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con huachicoleo fiscal, operaciones ilícitas y extorsión. En respuesta, el exmandatario rechazó categóricamente los señalamientos y los atribuyó a una persecución política derivada de sus críticas a los gobiernos morenistas. Desde una conferencia virtual, aseguró que los ataques buscan inhibir su participación en la vida pública y desacreditarlo con información manipulada.
Durante su posicionamiento, García Cabeza de Vaca arremetió contra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, a quien llamó vocero de “narcogobiernos” y señaló de encabezar una campaña de difamación. El panista afirmó que Morena actúa en complicidad con grupos criminales y acusó a diversos gobernadores morenistas de recibir apoyo de organizaciones catalogadas como narcoterroristas por Estados Unidos. Sostuvo que su voz incomoda al oficialismo porque, según dijo, ha señalado corrupción, impunidad y malos manejos en distintos niveles de gobierno.
Paralelamente, la dirigencia nacional del PAN manifestó un respaldo total al exgobernador. Jorge Romero Herrera, líder panista, anunció su nombramiento como representante del partido ante Estados Unidos y Canadá para fortalecer vínculos internacionales. Aseguró que esta designación también implica un mensaje político: “el PAN defiende a los panistas” mientras no exista sentencia alguna en su contra, enfatizando que el régimen actual utiliza sus facultades para perseguir a opositores incómodos.
En contraste, legisladores federales y locales de Morena profundizaron las acusaciones al presentar una nueva denuncia en la FEMDO para que se ejecute la extradición de Cabeza de Vaca desde Estados Unidos. Argumentaron que el exmandatario implementó un esquema paralelo al SAT para extorsionar transportistas mediante puntos de revisión operados por fuerzas policiales estatales. Aseguraron además que las investigaciones incluyen vínculos con grupos dedicados al robo y tráfico de combustibles, así como supuestos sobornos provenientes del crimen organizado.
Los morenistas también cuestionaron la legalidad de su doble nacionalidad, al señalar que para ejercer cargos públicos debió renunciar formalmente a la ciudadanía estadounidense. Según Sergio Gutiérrez Luna, existen indicios de que dicha renuncia no ocurrió, lo que configuraría un fraude. Legisladores añadieron que el exgobernador permanece entre McAllen y Houston, donde —aseguran— recibe visitas de aliados políticos que lo encubren, por lo que pidieron a la FGR actuar sin demora.
A estas denuncias se sumó otra más, entregada directamente en la FGR por Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, quienes exigieron una investigación “exhaustiva e inmediata” por huachicoleo fiscal. Señalaron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos para evadir la justicia y que existen suficientes elementos para reactivar procesos penales previos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Posteriormente acudieron a la Suprema Corte con miles de firmas ciudadanas en respaldo a las denuncias.
Mientras tanto, Cabeza de Vaca no ha emitido un nuevo posicionamiento tras esta oleada de acciones legales, aunque su equipo sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y buscan eliminarlo del escenario político nacional. Con el PAN fortaleciéndolo en el ámbito internacional y Morena intensificando las presiones judiciales, el caso se perfila como uno de los enfrentamientos políticos más tensos rumbo al próximo ciclo electoral.
