El Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó el inicio de una investigación para esclarecer posibles irregularidades en contrataciones del Poder Judicial de la Federación, tras la recepción de una denuncia anónima que señala presuntos actos de corrupción en procesos de licitación. La instrucción fue emitida por el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, y se formalizó mediante la denuncia identificada con el número CAJ/DGI/INV/270/2025.
De acuerdo con un comunicado oficial, la investigación se deriva de un correo electrónico enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se alertó sobre presuntas prácticas indebidas en contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. El OAJ señaló que el objetivo central es determinar responsabilidades y garantizar que los procedimientos se apeguen a la legalidad y a los principios de transparencia.
Como parte de las medidas preventivas, el OAJ recordó que el pasado 4 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios. Dicho marco normativo obliga a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial y al Tribunal de Disciplina a sujetarse a reglas que permiten la participación de cualquier ciudadano como observador de los procesos de contratación.
El organismo explicó que también se establecieron procedimientos que requieren la intervención de testigos sociales, quienes han entregado observaciones directas sobre licitaciones a la Presidencia del OAJ. Estas acciones, aseguró, buscan fortalecer la vigilancia ciudadana y reducir riesgos de discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
Asimismo, el OAJ informó que solicitó desde el inicio de sus funciones el acompañamiento permanente de la Contraloría de Administración Judicial. Este órgano ha revisado anexos técnicos, brindado asesoría durante las licitaciones y supervisado que cada acto administrativo cumpla con las normas vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La investigación cobra relevancia luego de que empresarios denunciaran, bajo anonimato, presuntas extorsiones por parte de funcionarios del nuevo órgano administrativo del Poder Judicial. Según los señalamientos, a proveedores que ganan licitaciones de forma legal se les habría exigido el pago de hasta 20 por ciento del monto del contrato para no cancelarles los convenios.
En esas denuncias se mencionan como presuntos responsables a servidores públicos adscritos a áreas clave de administración y servicios generales, a quienes se acusa de influir en invitaciones, evaluaciones técnicas y adjudicaciones. Los denunciantes advirtieron que el temor a represalias ha inhibido que más empresas acudan a instancias jurisdiccionales.
Ante este contexto, el OAJ reiteró su compromiso con la cero tolerancia a la corrupción y llamó a personas físicas o morales que cuenten con elementos sobre posibles irregularidades a denunciarlas ante la Contraloría de Administración Judicial, a través de los canales oficiales. La institución aseguró que dará seguimiento puntual a la investigación para deslindar responsabilidades y preservar la integridad de los procesos del Poder Judicial.
