En una sesión maratónica celebrada de madrugada, la Cámara de Diputados aprobó con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de Morena, el Partido Verde y el PT. La iniciativa, que ya había generado controversia en el Senado, fue modificada en su artículo transitorio para permitir la aplicación del nuevo ordenamiento a las etapas posteriores de juicios de amparo iniciados previamente, una decisión que la oposición calificó de “retroactividad encubierta”.
El cambio más polémico fue impulsado por el diputado morenista Hugo Eric Flores, quien defendió que la modificación no implica violar el artículo 14 constitucional, ya que solo aplicaría a “actuaciones futuras”. Sin embargo, expertos en derecho advierten que la redacción abre la puerta a interpretaciones que permitirían aplicar retroactivamente la ley a casos en curso. El ajuste retomó la propuesta del exministro Arturo Zaldívar, asesor jurídico de la Presidencia, quien defendió que la nueva disposición busca armonizar la jurisprudencia de la Suprema Corte y agilizar los procesos judiciales.
Durante la discusión, Morena argumentó que la reforma pretende frenar las prácticas dilatorias de grandes despachos que defienden a empresarios y políticos para evitar el pago de impuestos. “Queremos que quienes deben al Estado paguen lo justo”, sostuvo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, al señalar que los amparos han sido usados como escudo por delincuentes de cuello blanco. Según datos oficiales, existen más de 200 mil créditos fiscales impugnados que mantienen atorados cerca de dos billones de pesos en los tribunales.
La oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, denunció un “fraude parlamentario” y acusó al oficialismo de usar “chicanas legislativas” para introducir cambios de última hora. Germán Martínez (PAN) advirtió que la reforma “restringe el acceso a la justicia y debilita la defensa de los derechos humanos”, mientras Rubén Moreira (PRI) señaló que Morena “recurrió a la trampa” para reinsertar la retroactividad. “El que tiene una suspensión ganada, la perderá; el que ya tiene algo resuelto, lo verá anulado”, afirmó.
El Senado ratificó la minuta apenas quince horas después de su aprobación en San Lázaro, con 82 votos a favor y 38 en contra, en una sesión calificada como “exprés” por la oposición. Los legisladores de la 4T defendieron que la nueva ley no afecta derechos adquiridos y solo aplica a actuaciones procesales futuras. El senador Javier Corral sostuvo que las modificaciones corrigen abusos procesales cometidos por élites económicas, mientras el morenista Manuel Huerta afirmó que la reforma “cierra la puerta a los evasores fiscales y abre la justicia a los ciudadanos comunes”.
No obstante, organizaciones empresariales, encabezadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), alertaron sobre el impacto económico y jurídico de la reforma. El presidente del organismo, Juan José Sierra, advirtió que la nueva ley “limita la capacidad de los ciudadanos y las empresas para defenderse de actos de autoridad” y “pone en riesgo el Estado de Derecho”. Además, señaló que la eliminación de la suspensión del acto reclamado permitirá embargos, cancelaciones de sellos digitales y bloqueos de cuentas sin resolución judicial.
La Coparmex también alertó que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas, pues la nueva definición de “interés legítimo” impide la defensa colectiva. “El amparo no es un privilegio, sino un derecho humano consagrado en la Constitución. Restringirlo es debilitar la democracia y la confianza en las instituciones”, puntualizó. La organización advirtió que la reforma generará incertidumbre jurídica y desincentivará la inversión en México.
El paquete de reformas será turnado al Ejecutivo para su promulgación en los próximos días, consolidando uno de los cambios legales más polémicos del nuevo gobierno. Mientras Morena sostiene que busca justicia fiscal y eficiencia procesal, la oposición y el sector empresarial advierten que el verdadero propósito es fortalecer el control del Estado sobre el Poder Judicial y limitar la defensa ciudadana frente a actos de autoridad.
