El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá esperar hasta el 19 de noviembre para conocer si podrá acceder a la libertad anticipada, luego de que la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decidiera aplazar la audiencia donde se evalúa su solicitud. La diligencia, que se extendió por más de diez horas, contó con la comparecencia de cinco testigos de la defensa y varios funcionarios del sistema penitenciario que avalaron su buena conducta, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aún no presenta a seis de sus testigos.
Durante la audiencia, se reveló que Duarte acumuló sanciones disciplinarias en los años 2019, 2020 y 2021 por posesión de artículos no permitidos como latas de alcohol, un reproductor Blu-ray, un módem modificado e incluso una cámara oculta dentro de un bolígrafo. También fue sancionado por modificar su celda con tablas de madera para obstruir la visibilidad y alterar el orden en la unidad médica del Reclusorio Norte. Desde 2021 no ha recibido más sanciones, por lo que el subdirector de Custodia, Daniel Espinosa, destacó que lleva más de cinco años con buena conducta y se le expidió una carta que lo acredita como “interno disciplinado”.
A lo largo de la audiencia, el exmandatario fue descrito como un preso colaborador y activo en programas de reinserción. Testigos como Leticia Gárnica, directora jurídica del Reclusorio Norte, y Diego Quiroz, director de Sentenciados, coincidieron en que el interno cumple con las actividades penitenciarias. No obstante, la FGR insistió en que las faltas anteriores evidencian su dificultad para ajustarse a las normas, por lo que solicitó más tiempo para presentar pruebas que sustenten su oposición a la libertad anticipada.
El abogado del exgobernador, Pablo Campuzano, minimizó las acusaciones y sostuvo que los objetos hallados en la celda “no eran suyos” y que las latas encontradas contenían alcohol sólido para calentar alimentos, no bebidas. Aseguró que su cliente cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos haber cumplido más del 75% de la condena, mantener buena conducta y no tener procesos activos que lo inhabiliten. “Fue una audiencia efectiva donde incorporamos pruebas que demuestran que cumple con los requisitos”, expresó el defensor tras concluir la sesión.
Duarte, quien cumple una condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, ha permanecido recluido en el Reclusorio Norte desde 2018. Según su defensa, ya logró el sobreseimiento de tres procesos locales en Veracruz y uno de carácter electoral, aunque la Fiscalía estatal impugnó el caso de desaparición forzada, lo que podría complicar su liberación definitiva.
El exmandatario acudió a la diligencia vestido con una chaqueta beige, barba y bigote, y durante la sesión fue observado tomando notas y dibujando mientras escuchaba los testimonios. Antes de concluir, solicitó a la jueza que la audiencia continuara de inmediato, pero la petición fue rechazada. La jueza Zamorano determinó que la continuación se realizará el 19 de noviembre a las 9:45 horas, para que la FGR presente a sus testigos pendientes.
De acuerdo con las normas vigentes, para obtener la libertad anticipada Duarte deberá acreditar su reinserción social y demostrar que ha cumplido la mayor parte de su pena sin reincidencias ni sanciones recientes. El Ministerio Público Federal insistirá en que las faltas cometidas entre 2019 y 2021 reflejan un patrón de indisciplina que debería impedirle acceder al beneficio.
El caso del exgobernador veracruzano, quien fue sentenciado por desvío de recursos públicos por más de mil 670 millones de pesos, sigue generando controversia y atención pública. De confirmarse su liberación, podría abandonar el penal antes de cumplir la totalidad de su condena, lo que desataría un nuevo debate sobre los beneficios penales para exfuncionarios acusados de corrupción.
