Javier Duarte de Ochoa deberá esperar al menos hasta el viernes para conocer si podrá acceder a la liberación anticipada, luego de que la jueza Ángela Zamorano Herrera pospuso su fallo tras una audiencia de casi 12 horas en el Reclusorio Norte. El exgobernador aprovechó su derecho de palabra para lanzar ataques contra la Fiscalía General de la República (FGR), a la que acusó de prolongar deliberadamente el proceso y de convertir la comparecencia en un “circo”, al señalarlo por un presunto desvío de 60 mil millones de pesos que, insistió, no se le atribuye formalmente en ningún expediente.
La jornada incluyó la presentación de seis testigos de la FGR, quienes reiteraron que Javier Duarte no ha cumplido cabalmente con los requisitos para acceder a la preliberación. Entre las declaraciones destacó la de Denisse Moreno Córdoba, quien afirmó que en 2022 el exmandatario tuvo que ser atado a una silla por su conducta. Esta versión contrasta con la postura de la defensa, la cual sostiene que el exgobernador ha mantenido buena conducta durante la mayor parte de su estancia en prisión y ha cumplido cerca del 95% de su condena.
La Fiscalía argumentó que Duarte no acreditó un plan claro de actividades para su eventual salida, además de que sólo registró buena conducta en los últimos meses, lo que consideran insuficiente para validar el beneficio. Insistieron también en que existe un riesgo para el testigo Tarek Abdalá, exfuncionario de su administración y uno de los colaboradores clave en las investigaciones por desvío de recursos mediante empresas fantasma.
Otro de los señalamientos centrales de la FGR es que no se ha resuelto de fondo un proceso penal abierto contra Duarte en Veracruz por desaparición forzada, cuyo intento de cancelación continúa impugnado. Para los fiscales, dicha causa, aún activa, bloquea legalmente cualquier posibilidad de liberación. La defensa rebatió señalando que no queda ningún procedimiento que implique prisión preventiva obligatoria y que Duarte cumple los siete requisitos marcados por la ley.
Durante la audiencia, Javier Duarte negó haber presentado una denuncia contra Abdalá y aseguró que el documento mostrado “no tiene su firma”, por lo que sugirió que pudo haber sido elaborado por terceros. También rechazó la acusación de que publicó mensajes en Twitter durante su reclusión, burlándose de la supuesta evidencia al afirmar que “la misma leyenda puede decir que se lo dicté a Donald Trump, pero no por eso lo van a creer”.
Uno de los testimonios más controvertidos fue el que señaló que en su celda se encontraron un módem de banda ancha, alcohol sólido y memorias USB, lo que implicaría una violación a las normas internas. Duarte refutó esos hallazgos y aseguró que durante ocho años no ha tenido acceso a un teléfono celular ni a dispositivos que le permitan conectarse a redes sociales.
En su intervención final, el exgobernador acusó al fiscal Manuel Granados Quiroz de difundir cifras sin sustento y de intentar agraviarlo de manera personal. Aseguró que la FGR construye una narrativa en su contra mientras su defensa actúa “de buena fe” y sin intención de prolongar el procedimiento, en contraste con lo que calificó como tácticas dilatorias del Ministerio Público.
La jueza Zamorano Herrera fijó el viernes 21 de noviembre como fecha definitiva para resolver si Duarte cumple con los requisitos para obtener la liberación anticipada. En caso de negarse, el exmandatario permanecerá en prisión hasta abril de 2026, cuando concluye formalmente la pena de nueve años impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa.
