La conclusión de los bloqueos carreteros que afectaron distintos estados del país marcó este jueves un giro en el conflicto entre organizaciones campesinas y transportistas con el gobierno federal, luego de que ambas partes alcanzaron un acuerdo en la Secretaría de Gobernación tras varios días de diálogo fallido. Dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas confirmaron que el levantamiento de cierres ocurrió después de pactar ajustes a la iniciativa de Ley General de Aguas y una atención integral a sus demandas.
El encuentro, que inició a las ocho de la mañana y se extendió por más de trece horas, incluyó la participación de funcionarios de Gobernación, Agricultura y Conagua, quienes acordaron instalar tres mesas de trabajo permanentes. Estas mesas atenderán temas de seguridad en carreteras, ordenamientos legales en materia de agua y apoyos al campo, con el objetivo de destrabar rezagos y establecer compromisos verificables en las próximas semanas. Las autoridades también ofrecieron revisar precios de garantía y avanzar en esquemas de crédito agrícola.
En materia comercial, los representantes campesinos insistieron en la exclusión del maíz, trigo y otras oleaginosas de una posible revisión del T-MEC, buscando que el mercado nacional sea el que fije los precios y proteja la producción interna. Las organizaciones señalaron que estas revisiones deberán discutirse en la mesa instalada para el 8 de diciembre, donde participarán productores, transportistas y dependencias federales para evaluar impactos y definir posiciones conjuntas.
Respecto a la seguridad en carreteras, los transportistas subrayaron que se acordó limitar la intervención de policías estatales en operativos, de modo que actúen únicamente bajo supervisión de la Guardia Nacional. También se prevé la instalación de cámaras estratégicas y la creación de una fiscalía especializada para delitos cometidos en carreteras, con la finalidad de atender con mayor agilidad denuncias de robos, agresiones y afectaciones a unidades de carga.
En el plano agrícola, el gobierno federal se comprometió a liquidar pagos pendientes relacionados con apoyos a productores de trigo y maíz, así como a abrir ventanillas de registro para formalizar los procesos vinculados al precio de garantía. Dirigentes del sector señalaron que estos compromisos eran indispensables para destrabar el diálogo, pues representaban una demanda que había sido reiterada durante meses sin una respuesta clara.
Otro punto central del acuerdo fue la promesa de revisar la iniciativa de Ley General de Aguas, especialmente en lo referente a concesiones y su transmisión. Las autoridades adelantaron que se aplicará un trato diferenciado para el uso agrícola, industrial y doméstico, manteniendo como prioridad el consumo humano, pero incorporando mecanismos que permitan heredar concesiones y garantizar continuidad en la producción rural.
Con la firma del acuerdo, la Guardia Nacional confirmó que puntos carreteros como Maravatío-Zapotlanejo, Santa Rosa–La Barca y La Barca-Atotonilco fueron liberados durante la madrugada. Gobernación informó que los manifestantes cumplieron con levantar los bloqueos de manera inmediata, lo que permitió restablecer el tránsito y normalizar el paso de servicios de emergencia. Las organizaciones adelantan que permanecerán en vigilancia del cumplimiento gubernamental antes de cerrar definitivamente la etapa de negociación.
