La Fiscalía General de la República (FGR) detalló ante un juez federal el presunto esquema mediante el cual el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, habría mezclado recursos públicos con fondos privados para ocultar el origen ilícito de 73 millones 925 mil 995 pesos, de un total de 96 millones 685 mil 253 pesos cuya procedencia no pudo acreditarse. Este mecanismo, conocido como “la licuadora”, se habría ejecutado durante su administración mediante múltiples operaciones financieras a través del sistema bancario nacional.
El domingo, un juez de Control con sede en el penal de máxima seguridad de El Altiplano vinculó a proceso a Duarte por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y le impuso prisión preventiva oficiosa. La resolución estableció además un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras el exmandatario permanece recluido en dicho centro penitenciario.
De acuerdo con la causa penal 142/2024, la acusación se fortaleció con información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la cual amplió la denuncia en mayo de 2022 para incluir a familiares y diversas personas morales presuntamente vinculadas a los movimientos financieros investigados. Entre ellas figuran empresas ganaderas, financieras y de servicios que habrían recibido y canalizado recursos provenientes del erario de Chihuahua.
La FGR documentó depósitos, transferencias y cheques millonarios emitidos entre 2011 y 2013, principalmente a través de cuentas en HSBC, que luego se mezclaban con otros ingresos y eran retirados en efectivo o reinvertidos. El dictamen contable incorporado al expediente analizó el flujo del dinero y los vínculos fiscales entre Duarte, sus familiares y las empresas señaladas, con el objetivo de acreditar el ocultamiento deliberado de los recursos.
Según el Ministerio Público Federal, estas operaciones se habrían realizado entre enero de 2012 y diciembre de 2016, periodo en el que Duarte, directamente o por interpósitas personas, empleó el sistema financiero para dar apariencia de legalidad a fondos producto del peculado. La FGR sostuvo que no existe documentación suficiente que respalde el origen lícito de las cantidades observadas.
El caso escaló al ámbito político luego de que la FGR mencionara durante la audiencia de imputación un presunto soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Ante ello, el fiscal estatal César Jáuregui rechazó categóricamente la acusación y calificó el señalamiento como “propaganda”, al asegurar que no forma parte del núcleo jurídico del proceso federal.
Jáuregui precisó que, mientras la federación investiga lavado de dinero, la fiscalía local mantiene abiertas causas por peculado agravado contra Duarte, y negó cualquier relación ilícita entre el exgobernador y la mandataria panista. Recordó que la jueza federal que ordenó la prisión preventiva no tomó en cuenta ese argumento por considerarlo subjetivo, pese a haber sido expuesto por la FGR para justificar el riesgo de fuga.
En paralelo, la defensa de Duarte acusó un uso desproporcionado de la prisión preventiva y adelantó que buscará revertir la medida cautelar. Su abogado sostuvo que el exgobernador cumplía previamente con restricciones menos gravosas y que los recursos investigados correspondían a apoyos al campo canalizados mediante organizaciones ganaderas, por lo que durante los próximos meses intentará demostrar su inocencia y evitar una duplicidad en la persecución penal.
