La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, avanza con giros que han tensado el panorama político y de seguridad en Michoacán. A la vinculación a proceso de siete escoltas y de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, se suma ahora la orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del edil, quien permanece prófugo desde que escapó de un operativo reciente. Las autoridades consideran que su papel fue clave tanto en la selección del equipo de seguridad como en las omisiones registradas la noche del crimen.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Jiménez Miranda, antes de integrarse al círculo cercano del alcalde, había sido secretario de Seguridad Pública de Uruapan durante 28 días en septiembre de 2024, pero fue cesado tras señalamientos de violencia familiar y amenazas con arma de fuego contra su esposa. Pese a esos antecedentes, Manzo lo reincorporó como su jefe de escoltas, al ser uno de los hombres de su mayor confianza. La dependencia sostiene que él mismo reclutó a los siete agentes ahora procesados por homicidio por omisión.
En paralelo, el juez Luis Fernando Díaz Parra vinculó a proceso a “El Licenciado”, supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato. El imputado negó su participación y afirmó haber sido “levantado” y obligado bajo amenazas a presentarse como responsable. Permanecerá en el penal federal de “El Altiplano” bajo prisión preventiva, mientras la FGE dispone de tres meses para concluir las diligencias complementarias.
Las investigaciones apuntan a que “El Licenciado” habría ordenado a Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, reclutar en un centro de rehabilitación a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y a Fernando Josué Leal Aceves para entrenarlos como sicarios y ejecutar el crimen. Ubaldo disparó al alcalde durante el Festival de Velas la noche del 1 de noviembre, pero tras ser sometido por los escoltas murió por un disparo por la espalda, presuntamente accionado por el guardia Demetrio “N”, quien habría utilizado la misma pistola del agresor.
En los días posteriores, la cadena de violencia continuó. Fernando Josué Leal fue encontrado asesinado el 10 de noviembre junto con otro implicado identificado como Ramiro “N”, ambos presuntamente involucrados en la logística del atentado. Por su parte, “El Pelón” fue detenido recientemente en un hotel de Uruapan y enfrenta cargos por extorsión y cohecho, luego de supuestamente intentar sobornar a los agentes que lo capturaron.
La defensa de los escoltas sostiene que actuaron bajo instrucciones del propio Manzo de mantener distancia con la ciudadanía, y presentó 25 pruebas para argumentar que no hubo omisiones deliberadas. Entre ellas, destaca el caso de una escolta que recibió un disparo en la espalda al intentar proteger al edil. Sin embargo, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal por no haber aplicado los protocolos de seguridad durante el ataque.
El caso ha provocado inquietud en Uruapan, donde ciudadanos y autoridades exigen claridad sobre la red de responsabilidades y las presuntas infiltraciones criminales en áreas de seguridad municipal. Con un coronel del Ejército prófugo, un presunto operador del CJNG recluido en un penal federal y siete escoltas procesados, la investigación se ha convertido en uno de los expedientes más complejos del estado en los últimos años.
