La tensión generada por los bloqueos campesinos en más de 20 estados abrió paso a una negociación acelerada en San Lázaro, donde Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibió a líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano para evitar el cierre del recinto legislativo. En el encuentro, el coordinador de Morena ofreció instalar mesas de trabajo para revisar la Ley General de Aguas y fungir como interlocutor con la Secretaría de Gobernación. La reunión, encabezada por Eraclio Rodríguez, buscó recomponer el diálogo tras días de protestas derivadas del descontento con el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A la par, se reforzó la intervención de diputados de Morena y el PT, quienes cedieron ante las demandas de los productores y ofrecieron reinstalar el puente de comunicación con Segob, luego de que la relación con Rosa Icela Rodríguez se tensara por declaraciones que los campesinos consideraron ofensivas. El compromiso legislativo se convirtió en la condición para que los bloqueos comenzaran a levantarse, mientras los líderes campesinos insistieron en que no habrá retiros hasta ver avances tangibles en la negociación.
La mayor inconformidad gira en torno a las concesiones de uso del agua, pues el proyecto original prohibía transmitirlas o heredarlas, dejando sin valor las tierras agrícolas y afectando derechos adquiridos durante décadas. Legisladores adelantaron que este punto será modificado para permitir la continuidad de los permisos, de manera que parcelas y pequeñas propiedades no pierdan sus atribuciones originales. Monreal confirmó que el dictamen no será idéntico al enviado por el Ejecutivo y que se someterá a una “reflexión profunda” tras las audiencias públicas que reunieron a más de 450 participantes.
En paralelo, los agricultores y transportistas exigieron seguridad en carreteras y denunciaron el aumento de asaltos y extorsiones contra operadores, por lo que Monreal ofreció gestionar de inmediato una reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La intervención legislativa se convirtió en el factor de confianza que no encontraron en Gobernación, según expresó Rodríguez, quien insistió en que los ánimos podían “desbordarse” si no se alcanzaban acuerdos en las próximas horas.
Para evitar una escalada del conflicto, los grupos parlamentarios del PRI y el PAN entraron al debate y exigieron que la presidenta Sheinbaum precise quiénes son los supuestos “acaparadores” del agua en el país. Rubén Moreira cuestionó directamente al Ejecutivo para que revele nombres, mientras el panista José Lixa acusó al gobierno de utilizar el argumento como “pretexto” y recordó que la Conagua ya cuenta con facultades legales para sancionar irregularidades sin necesidad de una nueva ley.
Mientras tanto, las noches de negociación se prolongaron en el Palacio de Cobián con la expectativa de alcanzar un acuerdo antes del amanecer. Los productores confiaron en que, si las mesas avanzan, los bloqueos comenzarían a levantarse paulatinamente, lo que permitiría restablecer la movilidad y el flujo de mercancías en zonas estratégicas del país. En tanto, la Cámara de Diputados acelera los ajustes al dictamen para que pueda votarse antes del 11 de diciembre, fecha en la que el bloque mayoritario espera concretar los cambios.
La ruta de negociación quedó marcada por la intervención de los legisladores, quienes se colocaron como árbitros en un conflicto que había tensado la relación entre el gobierno federal y los sectores productivos. Con la presión social en su punto más alto y la economía afectada por las movilizaciones, los acuerdos preliminares se convirtieron en la vía inmediata para evitar un estallido mayor mientras se redefinen los puntos críticos de la nueva Ley General de Aguas.
