La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de Armando “N”, de 48 años, director y accionista del periódico Vanguardia, por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de un inmueble valuado en aproximadamente 3 millones de pesos. El directivo fue puesto en prisión preventiva tras ser presentado ante un juez de Control y de Juicio Oral Penal en esa entidad.
De acuerdo con la autoridad, la detención fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigación en la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca. La Fiscalía detalló que la acción penal se ejerció luego de reunir datos de prueba que apuntan a que el imputado ofreció en venta, durante 2025, un terreno que legalmente no se encuentra a su nombre, con el que celebró un contrato de compraventa.
El comunicado oficial señala que los actos de investigación documentan una presunta participación directa en conductas con características del delito de fraude, previsto y sancionado en el Código Penal vigente en Nuevo León. La dependencia no precisó la ubicación exacta del predio, mientras que fuentes de la Fiscalía General de Coahuila indicaron que el caso no se originó en esa entidad.
Tras conocerse la detención, el periódico Vanguardia difundió mensajes en su sitio web y redes sociales en los que afirmó desconocer las causas de la privación de la libertad de su director. El medio aseguró que Armando Castilla Galindo había sido objeto de vigilancia constante y calificó el proceso como un ataque judicial impulsado desde esferas de poder político.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa exigieron la liberación inmediata del directivo al considerar que se trata de una acción arbitraria e ilegal. En la misma línea, la Alianza de Medios recordó que el periódico y su director han denunciado previamente una persecución judicial, y advirtieron sobre el impacto del caso en la libertad de expresión.
Por su parte, Vanguardia reiteró que la detención ocurrió cuando el empresario se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Monterrey y denunció un uso desproporcionado de la fuerza. El medio sostuvo que los abogados no han tenido acceso a la carpeta de investigación y afirmó que el asunto podría tratarse de una controversia de carácter mercantil, por lo que mantenerlo en prisión preventiva constituiría un abuso de poder y violaciones al debido proceso.
