La recaptura de César Horacio Duarte Jáquez en la ciudad de Chihuahua abrió un nuevo capítulo en la larga batalla jurídica que enfrenta el exgobernador, ahora señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR confirmó que el arresto cumplió la orden emitida el 16 de mayo de 2024 y forma parte de una causa distinta a los procesos estatales por peculado y asociación delictuosa. Según la autoridad federal, Duarte habría participado en un esquema para ocultar recursos desviados de las arcas públicas mediante operaciones financieras en territorio nacional.
Tras su detención a las 14:43 horas por elementos de la SSPC, César Duarte fue trasladado de inmediato al Altiplano en un operativo encabezado por Marina y Policía Federal Ministerial. El ingreso al centro penitenciario ocurrió a las 23:21 horas por una vía alterna debido a obras en el penal, donde se activaron los protocolos de identificación y custodia correspondientes. La FGR indicó que el traslado buscó garantizar su presentación ante un juez de control en Almoloya de Juárez, quien definirá las medidas cautelares y la posible vinculación a proceso.
El caso federal avanzó tras la autorización concedida por el gobierno de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2025, que permitió procesarlo por delitos distintos a los que motivaron su extradición en 2022. La FGR explicó que esta excepción al tratado bilateral resultaba indispensable para continuar la investigación, que se centra en un presunto esquema de lavado de dinero operado durante su administración estatal. Las pesquisas consideran movimientos financieros y la posible participación de otros servidores públicos.
En paralelo, persisten los antecedentes judiciales que acumula César Duarte desde su detención inicial el 8 de julio de 2020 en Miami y su extradición a México el 2 de junio de 2022. Fue vinculado a proceso por dos causas penales en Chihuahua, relacionadas con desvíos superiores a 96 millones de pesos, y posteriormente enfrentó otra orden de aprehensión por el presunto desvío de 120 millones más. Durante estos procesos, un juez ordenó prisión preventiva por dos años, periodo que concluyó en junio de 2024, lo que permitió su salida bajo arraigo domiciliario y el uso de brazalete electrónico.
😯🚨Arriba convoy en el que es trasladado el exgobernador de Chihuahua, César N., al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
— El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) December 9, 2025
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Arriba convoy en el que es trasladado el exgobernador de Chihuahua, César N., al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
En junio de 2024 también quedó sin efecto la prisión preventiva de su primer proceso, luego de que la Fiscalía de Chihuahua no apelara la decisión. El exgobernador continuó sujeto a restricciones, incluida la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de la capital estatal. Las autoridades locales mantenían vigilancia sobre su ubicación mientras avanzaban los procedimientos estatales, los cuales continúan sin ser modificados por la nueva acusación federal.
En un episodio paralelo, una Corte de El Paso, Texas, exoneró a Duarte en junio pasado de la acusación de haber adquirido propiedades por 25 millones de dólares con recursos desviados del erario. El juez Rubén Morales determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la demanda promovida por el exgobernador Javier Corral y el Gobierno de Chihuahua, decisión que marcó un revés para los señalamientos civiles en su contra en Estados Unidos.
Mientras tanto, en México, la investigación federal sigue integrando testimonios, peritajes y rastros financieros para sustentar la acusación por lavado de dinero. La FGR subrayó que se trata de hechos independientes de los procesos estatales y que la causa se fortalecerá con las comparecencias programadas por el juez de control en Almoloya. El avance del expediente también dependerá de la colaboración entre autoridades federales y estatales para cruzar información contable y administrativa del periodo en que Duarte gobernó Chihuahua.
La audiencia inicial está prevista para este martes a las 9:00 horas, donde se evaluarán los elementos reunidos por la FGR y se resolverá si el exgobernador será vinculado a proceso. De ser así, el caso avanzará en los juzgados federales del Altiplano, mientras sus procesos en Chihuahua continuarán de manera paralela. El futuro judicial de Duarte vuelve así a colocarse en el centro del debate público, en uno de los expedientes más prolongados y complejos sobre desvío de recursos en la administración estatal reciente.
