Desde 2022 se detectaron graves irregularidades administrativas y financieras por casi 250 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), una institución de carácter híbrido con participación del Gobierno del Estado y de asociaciones civiles, sin que hasta ahora se haya fincado responsabilidad a los presuntos responsables. Los señalamientos se derivan de auditorías oficiales que documentaron un daño patrimonial millonario sin sanción efectiva.
De acuerdo con documentos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), el daño patrimonial asciende a 241 millones 971 mil 897 pesos y fue detectado durante el periodo en que Ome Tochtli Méndez Ramírez fungía como rector de la UPAV. En ese momento, la Secretaría de Educación de Veracruz estaba a cargo de Zenyazen Roberto Escobar García, mientras que la Fiscalía General del Estado era encabezada por Verónica Hernández Giadans, quien dejó el cargo en diciembre pasado.
Las irregularidades corresponden a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y dieron origen a la carpeta de investigación FGE/FECCEV/456/2020. La UPAV fue uno de los 13 entes estatales denunciados por un daño patrimonial conjunto superior a 797 millones de pesos, aunque el expediente permaneció archivado durante años sin que se reportaran detenciones o avances sustanciales.
Fue hasta diciembre de 2025 cuando se detuvo al ex rector Sergio “N”, al ex director administrativo Víctor “N” y a la ex jefa del Departamento de Servicios Financieros Frida “N”, quienes asumieron cargos a partir de diciembre de 2024. Las detenciones generaron un fuerte impacto público debido a que la UPAV atiende a cerca de 60 mil estudiantes en distintas regiones del estado.
La Fiscalía General del Estado informó que existen más personas involucradas en el presunto desfalco y que las investigaciones continúan abiertas. La fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez aseguró que no se revelarán nombres para no comprometer el proceso, mientras el Gobierno estatal y el Congreso determinaron convertir a la UPAV en un organismo público descentralizado para intentar sanear su operación.
Los documentos oficiales también exhiben la falta de informes financieros, fiscales y administrativos durante gestiones anteriores, así como adeudos por al menos 42 millones de pesos en pagos a asesores solidarios, coordinadores y personal académico. Además, se reportó la desaparición de más de 500 bienes muebles utilizados por la universidad, presuntamente vinculados a convenios con asociaciones civiles.
Ante este escenario, diversos actores políticos y miembros de la comunidad universitaria han exigido que las investigaciones se amplíen a ex directivos y ex funcionarios del gobierno anterior. Mientras tanto, estudiantes, asesores y egresados demandan que se detenga la impunidad y se priorice el rescate administrativo y académico de una institución que durante años representó una opción educativa para miles de veracruzanos.
