La vida institucional de Veracruz vivió un reacomodo mayor luego de la renuncia anticipada de Verónica Hernández Giadáns y la designación de la magistrada con licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva fiscal general. El Congreso avaló la salida de Hernández Giadáns el 8 de diciembre, cinco años después de que fuera nombrada para un periodo de nueve, en medio de la entrada en vigor de una reforma constitucional que otorga a la gobernadora la facultad de proponer y remover a la titular de la Fiscalía. En su misiva, la ahora ex fiscal dijo coincidir con la “bondad” del nuevo marco normativo y respaldó plenamente el cambio que modificó la temporalidad del cargo.
El Poder Legislativo dio paso al oficio donde Hernández Giadáns argumentó que la reforma recién aprobada fortalecía la eficacia institucional, por lo que decidió dejar el encargo. Recordó que asumió la Fiscalía primero como encargada de despacho en septiembre de 2019, tras la remoción de Jorge Winckler, y posteriormente como fiscal plena en mayo de 2020. Su renuncia abrió la puerta a un proceso sucesorio inmediato, en el cual también se recibió la solicitud de licencia de la magistrada penal Lisbeth Jiménez, considerada desde entonces la principal aspirante para relevarla.
El Congreso aprobó por mayoría la licencia de Jiménez Aguirre por un año, con posibilidad de ampliarla, luego de que la jurista informara que existía la posibilidad de que asumiera un cargo distinto al Poder Judicial. Paralelamente, Hernández Giadáns emitió un balance de su gestión, asegurando que impulsó la profesionalización del personal, la homologación salarial y la modernización de infraestructura, como la Unidad Integrada de Servicios Médicos Forenses de Nogales y nuevas áreas de antropología forense. Sostuvo que avanzó en el combate a la corrupción y la atención a víctimas con apoyo del Ejecutivo y las fuerzas federales.
A la par, la ex fiscal afirmó que se mantendría disponible para el proceso de entrega-recepción en cuanto se nombrara a su sustituta. La reforma constitucional que entró en vigor el 3 de diciembre establece que la propuesta de la persona titular de la Fiscalía debe provenir del Ejecutivo y ser aprobada por mayoría calificada del Congreso en un plazo máximo de cinco días hábiles, con la posibilidad de una segunda propuesta si la primera fuera rechazada. Si la Legislatura no se pronuncia a tiempo, la propuesta queda aprobada por ministerio de ley.
En la sesión ordinaria vespertina, el Congreso avaló a Lisbeth Jiménez con 40 votos a favor y 5 en contra, atendiendo la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle. Legisladores de Morena, PVEM y PT defendieron el perfil de la ex magistrada, señalando su experiencia en materia penal, su formación jurídica y su cumplimiento de los exámenes de control y confianza. La oposición, aunque celebró la salida de Hernández Giadáns, criticó que el nuevo método de designación sin convocatoria abierta afectara la autonomía de la institución.
El documento remitido por el Ejecutivo subrayó que Jiménez Aguirre cumplía con los requisitos legales: ciudadanía mexicana, más de 30 años, licenciatura en derecho con antigüedad suficiente, ausencia de condenas penales y no pertenencia al estado eclesiástico. También destacaba su trayectoria, que inició como auxiliar administrativa y ascendió hasta ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. En 2020 fue nombrada magistrada y recientemente electa para un periodo de nueve años por voto popular, cargo al que pidió licencia.
Tras su toma de protesta, legisladores recordaron que la llegada de Hernández Giadáns a la Fiscalía en 2019 estuvo marcada por la salida forzada de Winckler, lo que derivó en tensiones políticas y en el control institucional por parte de Morena. Su renuncia se dio luego de años de señalamientos sobre su cercanía con el ex secretario de Gobierno Eric Cisneros, cuya relación con la actual gobernadora se fracturó durante la contienda interna por la candidatura de Morena a la gubernatura de 2024.
Finalmente, la presidenta del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, aclaró dudas sobre la duración del nuevo encargo. Precisó que, aunque Jiménez Aguirre fue designada fiscal por cuatro años conforme a la reforma, deberá renovar cada año la licencia que la separa del Poder Judicial, dado que su magistratura deriva de un proceso electoral. Señaló que esta renovación anual no afecta el periodo constitucional, pero sí obliga a ratificar su separación año con año. Agregó que el Congreso podrá evaluar su desempeño al cumplir el primer año, en el marco del seguimiento político anunciado por la JUCOPO.
