Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un total de 58,779.9 millones de pesos pendientes de aclarar o recuperar, correspondientes al periodo 2019-2024. De acuerdo con el más reciente informe de la Cuenta Pública 2024, las observaciones al cierre del sexenio sumaron 5,823.5 millones de pesos, una cifra 81.8% menor a la del año anterior, cuando los montos observados alcanzaron los 32,044.5 millones.
El ejercicio de 2024 se colocó así entre los años con menor monto pendiente por aclarar, tras el repunte histórico de 2023. Entre 2019 y 2024, los recursos observados por la ASF fluctuaron entre los 3,688 millones del primer año del gobierno y el pico de más de 32,000 millones en 2023. En total, se realizaron 698 auditorías en 2024, el número más bajo del sexenio, en contraste con las 2,369 revisiones efectuadas en 2023.
Las auditorías más relevantes de 2024 fueron la 2024-A-30000-19-2006-06-009, con un probable daño por 730 millones de pesos, y la 2024-A-13000-19-1115-03-001, dirigida al Gobierno de Hidalgo, con 531 millones por aclarar. En años anteriores, los montos fueron más altos: en 2023, la revisión al Gobierno de Nuevo León representó 1,354 millones no comprobados, mientras que las de Morelos y Estado de México registraron 1,151 y 921 millones, respectivamente.
En 2022, la ASF detectó irregularidades por 366 millones de pesos en la auditoría 2022-A-10000-19-0785-06-002, además de 340 millones en otro procedimiento vinculado. En 2021, la observación más significativa fue de 298 millones a dependencias federales y 269 millones a Petróleos Mexicanos (Pemex). Un año antes, en 2020, Liconsa concentró el mayor señalamiento del ejercicio, con un presunto daño al erario por 518 millones de pesos.
El año 2019, primero del gobierno de López Obrador, tuvo su caso más destacado en la auditoría 2019-E-20005-19-1473-06-001, con 1,339 millones de pesos pendientes de aclarar. Otros informes relevantes de ese año reportaron irregularidades por más de 300 millones en diversas dependencias federales. En conjunto, los montos observados reflejan que, pese a una reducción en los últimos ejercicios, el sexenio cerró con decenas de miles de millones de pesos aún por justificar ante la ASF.
