Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) decretó la existencia de actos de “violencia política contra las mujeres en razón de género” cometidos contra la diputada local del Partido del Trabajo y ex dirigente estatal del PRI, Elizabeth Morales García. En su fallo, el TEV responsabilizó al caricaturista Alberto Morales García y a los fotoperiodistas Rigoberto Suárez y Pablo Jair Ortega, este último actual integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, por sus críticas y cuestionamientos durante eventos políticos.
La resolución establece que los tres comunicadores serán inscritos por cuatro meses en el Registro Nacional y Local de Personas Condenadas y Sancionadas por Violencia Política de Género, además de ser objeto de una amonestación pública. La medida se emitió como respuesta a sus comentarios, que criticaron abiertamente la actividad política, en particular la relacionada con la expresidenta municipal de Xalapa, y se suma a una serie de acciones destinadas a combatir el abuso del poder mediante la violencia de género en el ámbito político.
Elizabeth Morales expresó en declaraciones que “es momento de frenar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito, especialmente aquellas con legítimas aspiraciones políticas”. La diputada denunció que ha sido objeto de reiterados señalamientos por asuntos personales, utilizados para limitar su crecimiento en el servicio público, así como de burlas y falsos comentarios en medios digitales. Según Morales, estos ataques buscan socavar su labor y la de otras mujeres que aspiran a ocupar cargos públicos sin miedo a ser menospreciadas.
La exdelegada del ISSSTE, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se congratuló de que las autoridades jurisdiccionales electorales “enarbolen la bandera de la erradicación de las conductas que socavan y dañan a las mujeres”, considerando que esta resolución marca un precedente para respaldar a todas las veracruzanas que deciden participar activamente en la política. Morales afirmó que este fallo no solo es justicia para ella, sino también para aquellas que antes de la tipificación del delito en 2017 sufrieron agresiones por el mal uso de la libertad de expresión para perpetuar el abuso político de género.
A pesar de la contundencia de la resolución del TEV, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) no ha emitido ningún comunicado ni se ha pronunciado sobre el incidente, lo que ha generado críticas en el gremio periodístico. Muchos consideran que la inacción de la CEAPP evidencia una falta de compromiso con la protección de los comunicadores y la libertad de prensa, especialmente en casos de violencia política de género, y subrayan la necesidad de que el organismo asuma una postura firme ante este tipo de conductas.
El fallo ha reavivado el debate en el ámbito político y mediático sobre la protección de las mujeres en la política, evidenciando la persistente violencia de género que enfrentan las servidoras públicas en Veracruz. Mientras algunos sectores celebran el precedente establecido por el TEV, otros critican que la medida puede verse como simbólica si no se acompaña de políticas integrales que prevengan futuros ataques y promuevan un ambiente de respeto y equidad en el ejercicio de la función pública. Las voces de la oposición y de la sociedad civil exigen que se adopten medidas adicionales que no solo sancionen, sino que también prevengan la violencia política contra las mujeres.
