El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) con la que la institución pasa a formar parte del sistema estatal, con el objetivo de ordenar su funcionamiento, frenar prácticas de corrupción y brindar mayor certeza laboral a docentes, así como protección jurídica a los estudiantes que han resultado afectados por años de irregularidades administrativas.
Durante una Sesión Extraordinaria, el dictamen fue avalado con 39 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, lo que permitió modificar el marco jurídico que regula a la UPAV, reorganizar su estructura interna y establecer nuevas reglas para la administración, control y fiscalización de los recursos económicos que integran su patrimonio.
La reforma contempla cambios a los artículos 1, 5, 7 fracción V y 10 fracción VI de la ley que crea a la UPAV, así como la adición de nuevos párrafos a los artículos 5 y 8. Con ello, el Estado asume el control presupuestal de la universidad, con la finalidad de fortalecer su estructura institucional y garantizar un uso más transparente de los recursos públicos.
La iniciativa, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, generó un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas. Legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo expresaron su respaldo al señalar que la UPAV ha sido una de las instituciones más cuestionadas por presuntas irregularidades durante varias administraciones, lo que deterioró su credibilidad social y afectó a maestros y alumnos.
En contraste, diputados de oposición advirtieron que la reforma pone mayor énfasis en el control financiero que en la solución de fondo a los problemas laborales. Señalaron que no se establecen con claridad las obligaciones del Estado con los llamados asesores solidarios, ni se han presentado denuncias contra exdirectivos señalados por el presunto desvío de recursos.
Desde Morena, se defendió el dictamen al considerar que representa un avance en la consolidación de una educación pública transparente y alineada con los principios de austeridad y rendición de cuentas. Se destacó que la UPAV será sectorizada a la Secretaría de Educación estatal y deberá presentar un proyecto presupuestal anual sujeto a supervisión de la Junta de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas.
Los impulsores de la reforma subrayaron que los cambios permitirán fortalecer la capacidad de la UPAV para ampliar programas educativos accesibles, garantizar la correcta aplicación de los recursos y contribuir al cumplimiento del derecho constitucional a una educación inclusiva y de calidad, al tiempo que se busca recuperar la confianza social en la institución.
