Estudiantes, académicos y aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) protagonizaron una movilización en Xalapa en rechazo a la solicitud del rector Martín Aguilar Sánchez para extender su mandato por cuatro años más. Con pancartas y consignas como “¡Prórroga no, legalidad sí!”, los manifestantes exigieron a la Junta de Gobierno emitir una convocatoria abierta y transparente para elegir a un nuevo titular en lugar de validar una prórroga que califican de autoritaria.
La protesta, que reunió a cerca de mil personas, partió del edificio de rectoría y llegó hasta la Plaza Regina. Participaron figuras que aspiran al cargo como Marisol Luna, Rafael Vela y Jorge Manzo Denes. Todos coincidieron en que el procedimiento para extender el mandato carece de legitimidad y atenta contra los principios democráticos y éticos que deben regir a la máxima casa de estudios de Veracruz.
Uno de los sectores más críticos fue el de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), cuya comunidad se pronunció con firmeza contra la prórroga. Una representante estudiantil calificó el proceso como un “ejercicio autoritario de permanencia” que perpetuaría prácticas de opacidad. Denunció que no se ha presentado un plan de trabajo institucional y que persisten omisiones graves, como la falta de aulas propias y la ausencia de transparencia presupuestal.
Asimismo, advirtieron que, de aprobarse la extensión, también se mantendría en su cargo el actual director de la UVI, Daniel Bello López, lo que a su juicio representaría “otros cuatro años de oscuridad” para la institución. Acusaron a ambas autoridades de no atender las demandas estudiantiles ni de trabajar en favor de una educación digna y pública.
Desde Veracruz, el rector Aguilar Sánchez defendió su derecho a solicitar la prórroga, afirmando que esta se encuentra contemplada en la ley universitaria, aunque nunca antes se había ejercido. Aseguró que la comunidad universitaria puede expresarse con libertad y que quienes se oponen pueden participar en la consulta convocada por la Junta de Gobierno para expresar su rechazo.
No obstante, entre los inconformes ha crecido el descontento hacia dicha consulta, pues consideran que sustituye ilegalmente a un proceso formal de elección. Insisten en que la ley establece una edad máxima de 65 años para aspirar a la rectoría, requisito que el actual rector ya no cumple, razón por la cual estaría buscando evitar una convocatoria abierta.
La presión ha escalado en las últimas semanas con pronunciamientos públicos de ex rectores, académicos y diversos sectores universitarios que piden apego a la legalidad. Exigen que no se permita que intereses personales se impongan sobre el bienestar institucional, ni que se ignore la voluntad de una comunidad que clama por elecciones legítimas y transparentes.
