El gobierno de Estados Unidos ha emitido un memorándum que ordena la eliminación total de cárteles y organizaciones criminales transnacionales en una nueva estrategia de seguridad nacional impulsada por la administración Trump. El documento, dirigido a empleados del Departamento de Justicia, establece medidas encaminadas a desmantelar de forma integral a estos grupos delictivos. La orden busca proteger la soberanía nacional y reducir el impacto de actividades ilícitas en el país. Se asignarán recursos específicos para perseguir a líderes y mandos intermedios de estas organizaciones. La iniciativa representa un cambio drástico en la política de combate al crimen organizado.
Firmado y fechado el 5 de febrero de 2025, el memorándum detalla el redireccionamiento de recursos del Departamento de Justicia para focalizarse en los casos de mayor gravedad. Entre estos se incluyen cargos por terrorismo, crimen organizado y manejo de empresas criminales. Asimismo, se contempla la implementación de la pena capital para los principales responsables de las redes delictivas. La estrategia exige una revisión de las políticas de acusación para enfrentar con rigor a los grupos criminales. La medida busca asegurar un marco legal más estricto y efectivo.
El documento enfatiza la necesidad de erradicar a los grupos criminales que operan a nivel transnacional y que han generado enormes daños en Estados Unidos. Se sostiene que detener la circulación de drogas mortales como el fentanilo no es suficiente y que es imperativo eliminar las estructuras criminales de raíz. La acción se fundamenta en la protección de las fronteras y la preservación de la soberanía nacional. El memorándum advierte que la política adoptada se dirigirá tanto a líderes como a manejadores de los cárteles. La medida se enmarca en una visión de seguridad integral.
Para los criminales de bajo nivel, la estrategia prevé evitar su persecución penal y priorizar su deportación cuando carezcan de estatus migratorio legal. Esta acción permitirá concentrar los recursos en la investigación y procesamiento de figuras de mayor impacto dentro de las organizaciones. La medida busca generar un efecto disuasorio en el funcionamiento de las redes delictivas. Se resalta la importancia de actuar de manera contundente ante la amenaza del crimen organizado. La política apunta a optimizar la respuesta institucional.
La coordinación entre diversas agencias se fortalece con la instrucción de utilizar un lenguaje estandarizado en las acusaciones contra grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La División de Seguridad Nacional y la Sección de Delitos Violentos y Extorsión trabajarán conjuntamente para implementar este protocolo. Además, se priorizarán las investigaciones sobre sobornos en el extranjero que faciliten el contrabando de personas y el tráfico de armas y narcóticos. La iniciativa refuerza la integración de esfuerzos a nivel federal para combatir la corrupción. La estrategia persigue una acción sistemática contra las redes criminales.
El memorándum también prevé medidas legislativas que impulsen reformas en el Congreso para sancionar el tráfico de drogas y de armas. El Departamento de Estado colaborará en la evaluación de la clasificación de organizaciones criminales, incluyendo grupos de origen venezolano y mexicano. La directiva establece que lograr la eliminación de los cárteles requerirá decisiones de acusación precisas y coordinadas con las fuerzas del orden. Asimismo, se contempla la posibilidad de utilizar recursos militares si los ataques de los cárteles contra tropas estadounidenses se intensifican. La política refuerza el compromiso de actuar con firmeza ante amenazas transnacionales.
La nueva ofensiva contra el crimen organizado se da en el contexto del nombramiento de Pamela Bondi como Fiscal General de Estados Unidos. Bondi asumió el cargo el 5 de febrero de 2025 tras ser confirmada por el Senado el 4 de febrero en una votación de 54 a 46, con el apoyo del legislador John Fetterman. La designación se enmarca en un cambio de política que impulsa la eliminación total de cárteles y organizaciones criminales. La estrategia busca consolidar una postura firme en materia de seguridad y justicia, marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado a nivel transnacional.
