El Senado de Estados Unidos se prepara para discutir el megaproyecto presupuestal impulsado por Donald Trump, el cual incluye una polémica propuesta para imponer un impuesto del 1% a las remesas enviadas al extranjero. Esta medida, contenida en la sección 70605 del llamado One Big Beautiful Bill Act, afectaría principalmente a millones de familias migrantes, muchas de ellas de origen latino, que dependen de estos recursos para subsistir.
Según el texto legislativo, el impuesto aplicaría únicamente a remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos similares. Las remesadoras o negocios que ofrezcan servicios de envío tendrían la obligación de retener y transferir trimestralmente el impuesto al gobierno federal. En caso de omisión, la empresa que facilita la remesa asumiría la responsabilidad de cubrirlo.
El Senado redujo la tasa inicialmente propuesta del 3.5% al 1%, en un intento por suavizar el impacto y obtener el respaldo necesario. Aun así, la propuesta sigue generando fuerte rechazo entre comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y economistas, quienes advierten que podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero y poner en riesgo la transparencia del sistema financiero.
La votación inicial está programada para este fin de semana. Si el proyecto avanza, comenzaría una maratónica sesión legislativa que podría extenderse hasta el domingo. En caso de ser aprobado, se sumaría a la versión que ya recibió luz verde en la Cámara de Representantes, dejando al proyecto a un paso de convertirse en ley. Trump ha insistido en que esta medida es esencial para su legado económico y ha pedido que se apruebe antes del 4 de julio.
Además del impuesto a remesas, el paquete de 940 páginas contempla la expansión de recortes fiscales iniciados en 2017, una reducción significativa al gasto social, especialmente en programas de salud como Medicaid, y un incremento sustancial al presupuesto de defensa y seguridad fronteriza. Parte de estos recursos financiarían la contratación de 10,000 nuevos agentes de ICE y la ampliación de centros de detención para migrantes.
Desde México, el Banco de México (Banxico) ha reiterado su preocupación por la iniciativa. Advirtió que un impuesto de este tipo afectaría directamente a los hogares que dependen de las remesas, podría alterar el dinamismo económico regional y fomentar el uso de vías no reguladas para el envío de dinero, dificultando el seguimiento de flujos financieros.
