El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará la lectura de sentencia el próximo 10 de enero por los pagos irregulares realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Este proceso se llevará a cabo días antes de su regreso a la Casa Blanca. El juez Juan Merchan, quien preside el caso, rechazó la solicitud de la defensa de desestimar los cargos por inmunidad presidencial y ha prometido que no habrá prisión, dictando un descargo condicional.
En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Estos cargos se originaron por un esquema para ocultar un pago destinado a silenciar a Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Según los fiscales, los reembolsos a su abogado personal, Michael Cohen, se registraron como gastos legales, ocultando el propósito real de los pagos. Trump insiste en que no cometió delito y que las acusaciones son falsas.
Merchan consideró que no existen impedimentos legales para sentenciar a Trump antes de su investidura el 20 de enero, buscando equilibrar el derecho del presidente electo a gobernar sin obstáculos y la importancia de respetar el fallo del jurado. Aunque se descartó la cárcel, el caso mantiene relevancia por las implicaciones políticas y legales de ser el primer expresidente condenado por un delito en regresar a la Casa Blanca.
La defensa de Trump argumentó que el caso interfiere con su capacidad de dirigir el país, pero los fiscales propusieron opciones como congelar el caso o garantizar una sentencia simbólica. Sin embargo, Merchan defendió que desechar el caso sería una acción drástica que socavaría el Estado de derecho y las expectativas de justicia.
Trump ha calificado el proceso como un ataque político, tildando al juez Merchan de parcial. La sentencia llega en un contexto donde las tensiones políticas y jurídicas sobre su figura no cesan, planteando interrogantes sobre la coexistencia de la inmunidad presidencial y la rendición de cuentas.
