Un tribunal colegiado ordenó al gobierno federal implementar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente durante la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, luego de conceder una suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por organizaciones ambientalistas. La resolución establece que las autoridades deben garantizar la supervisión y conservación de los ecosistemas en la zona sin detener las obras.
De acuerdo con el colectivo Sélvame del Tren, los magistrados instruyeron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de esa dependencia a realizar inspecciones, verificaciones y otras acciones dentro de sus facultades para atender denuncias relacionadas con posibles impactos ecológicos.
La suspensión definitiva no frena la construcción del tramo que conecta Cancún con Tulum, pero obliga a las autoridades a reforzar la vigilancia y actuar ante cualquier daño ambiental. El fallo judicial establece que las instituciones deben garantizar el cumplimiento de las normas y prevenir afectaciones a la biodiversidad y a los recursos naturales.
El Tramo 5 ha sido uno de los segmentos más polémicos del megaproyecto impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a la fragilidad de los ecosistemas en la región, que incluyen selvas, cavernas y sistemas de acuíferos. Activistas y comunidades han advertido sobre el riesgo de daños irreversibles si no existe un monitoreo adecuado.
El colectivo ambiental destacó que la resolución representa un avance significativo en la defensa del territorio, al obligar a las autoridades a actuar frente a denuncias públicas. Señalaron que el fallo también envía un mensaje sobre la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de proyectos de gran escala.
Asimismo, integrantes del movimiento afirmaron que el logro legal demuestra que la sociedad civil puede incidir en las decisiones públicas y en la protección de los ecosistemas. En ese sentido, convocaron a la ciudadanía a mantenerse informada y participar en las acciones para preservar la biodiversidad en la región.
El tribunal advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en sanciones legales y administrativas para las autoridades responsables. La resolución refuerza la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de obras de infraestructura, en medio de un debate nacional sobre el equilibrio entre crecimiento económico y conservación ambiental.
