Después de días de protestas y bloqueos en Insurgentes Sur, los trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lograron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aprobara una compensación económica ante la desaparición del organismo. La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, avaló el pago de indemnizaciones para una parte del personal afectado, lo que puso fin a la incertidumbre laboral que enfrentaban más de 700 empleados.
El acuerdo fue confirmado por el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien celebró la decisión a través de un mensaje en redes sociales. Explicó que Buenrostro garantizó que la propuesta de liquidación presentada por la presidencia del instituto es legal y procedente. La medida contempla una indemnización de 90 días de salario bruto más 20 días adicionales por cada año trabajado para aquellos empleados que renuncien voluntariamente.
Sin embargo, la aprobación de este esquema de compensación generó divisiones dentro del INAI. En la última sesión del pleno antes de la extinción del organismo, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román y Julieta del Río votaron en contra de la propuesta de Alcalá, argumentando que no garantizaba los derechos de todos los trabajadores. También señalaron que la oferta beneficiaba de manera ventajosa a un grupo que se amparó contra la ley de salarios máximos, lo que podría generar desigualdad en las liquidaciones.
Las protestas comenzaron cuando los empleados bloquearon Insurgentes Sur en demanda de claridad sobre sus liquidaciones y el respeto a su antigüedad. La situación escaló cuando los manifestantes impidieron el acceso a las instalaciones del INAI, lo que llevó a los comisionados a sesionar de manera virtual. Policías con equipo antimotines fueron desplegados en la zona y encapsularon a los manifestantes, mientras exigían la presencia de la Secretaría Anticorrupción para resolver la situación.
Con la intervención de Buenrostro, la negociación avanzó, aunque aún quedan pendientes por resolver las condiciones de 315 trabajadores de libre designación. Además, la incertidumbre persiste en torno al proceso de absorción del INAI por la nueva Secretaría Anticorrupción, que asumirá sus funciones en las próximas semanas. A pesar del acuerdo alcanzado, algunos empleados han manifestado su descontento, pues consideran que las condiciones de liquidación no son equitativas.
Este jueves, el pleno del INAI reanudará su última sesión pública antes de su extinción definitiva. Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción deberá detallar los términos en los que se llevará a cabo la transición del personal, en un proceso que sigue generando tensiones y preocupación entre los trabajadores afectados.
