Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), continuará su proceso penal en libertad luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del 17 Circuito, con sede en Ciudad Juárez, ratificó por unanimidad la suspensión condicional del procedimiento iniciado en su contra. Garduño enfrenta cargos por ejercicio indebido del servicio público debido a su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en 2023 en una estación migratoria de esa ciudad, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.
Los magistrados Gabriel Alejandro Castillo Sabanero, Octavio Pineda Toribio y Emiliano López Pedraza avalaron la decisión del juez de control, quien consideró que la solicitud de suspensión del proceso fue legítima, dado que ni los asesores jurídicos federales ni el Ministerio Público ni el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se opusieron. Según el tribunal, se cumplió con el acuerdo de reparación del daño, el cual incluyó apoyos económicos y asistencia psicológica para 35 víctimas.
Uno de los argumentos rechazados por los jueces fue el presentado por representantes de víctimas, quienes solicitaron que Garduño cubriera personalmente la reparación del daño. Sin embargo, el tribunal estableció que en estos casos el Estado tiene responsabilidad solidaria, por lo que corresponde a las instituciones públicas, en este caso el INM, asumir dicha obligación cuando los delitos son cometidos por funcionarios en funciones.
Además, los magistrados sostuvieron que la reparación ya comenzó a ejecutarse, señalando que se habían realizado los depósitos correspondientes a las víctimas o sus familiares. De este modo, Garduño no enfrentará prisión preventiva, ni fue destituido del cargo, lo que ha generado inconformidad entre organizaciones civiles y familiares de los migrantes fallecidos.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que promovió la apelación, acusó que no hubo un diálogo efectivo con las víctimas ni mecanismos transparentes de reparación. También cuestionaron la legalidad de que Garduño permanezca en funciones mientras está vinculado a un proceso penal por una tragedia que expuso las graves fallas del sistema migratorio mexicano.
La resolución del tribunal ha avivado el debate sobre la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por servidores públicos. Para muchas víctimas, la justicia aún no ha llegado, pese a las promesas institucionales.
