El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una fuerte acusación contra tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco— por presuntamente participar en el lavado de millones de dólares vinculados al tráfico de fentanilo. Esta medida, amparada en nuevas leyes contra el narcotráfico, incluye la prohibición de ciertas transacciones en territorio estadounidense y se inscribe en una ofensiva más amplia contra los flujos financieros que alimentan a los cárteles mexicanos.
La sanción llega en un contexto tenso entre ambos países, especialmente tras los señalamientos previos de Washington a los cárteles como organizaciones terroristas y los esfuerzos del gobierno mexicano por aumentar las incautaciones de fentanilo. Las instituciones señaladas han rechazado categóricamente cualquier implicación en actividades ilícitas. Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo, exjefe de gabinete de AMLO, afirmó que sus operaciones cumplen con los estándares regulatorios más estrictos.
Según el Tesoro estadounidense, entre 2013 y 2021 una “mula” del Cártel de Sinaloa habría lavado dos millones de dólares a través de Vector, y desde 2018 la casa de bolsa habría facilitado compras de precursores químicos a empresas chinas. CIBanco y Intercam también fueron acusados de realizar operaciones similares en beneficio de los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación, incluyendo la transferencia de más de 1.5 millones de dólares a empresas en China para adquirir sustancias químicas usadas en la fabricación de fentanilo.
Las reacciones del gobierno mexicano no se hicieron esperar. La Secretaría de Hacienda confirmó que ha solicitado pruebas formales al Tesoro y que hasta ahora solo se les ha informado sobre transferencias con compañías chinas legalmente constituidas. Aunque se han identificado fallas administrativas que derivaron en sanciones, la dependencia aclaró que no hay, hasta el momento, evidencia concluyente de lavado de dinero.
La acusación también tiene implicaciones políticas. El señalamiento contra Vector ocurre justo en el periodo en que Romo colaboró estrechamente con López Obrador, aunque no hay evidencia de implicación directa del expresidente. En 2023, el propio AMLO criticó reportajes que lo vinculaban con supuestas donaciones del narco, aunque nunca se abrió una investigación formal en su contra.
Expertos como Cecilia Farfán-Méndez, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, interpretan estas sanciones como un mensaje firme: el combate al fentanilo será implacable y no se limitará a los traficantes, sino que se enfocará también en quienes faciliten sus operaciones, directa o indirectamente. Según la especialista, estas acciones buscan prevenir, pero también presionar a las autoridades mexicanas a reforzar sus controles internos.
A pesar del impacto reputacional para las instituciones señaladas, analistas como Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, advierten que muchas empresas podrían estar involucradas en operaciones de lavado sin saberlo. Sin embargo, el golpe mediático está dado y podría obligar al sistema financiero mexicano a incrementar sus mecanismos de vigilancia e inteligencia.
