Las nuevas tarifas de taxi en Veracruz, vigentes desde este lunes en siete municipios del estado, han desatado el rechazo de conductores y organizaciones gremiales que las consideran insuficientes y lesivas. En ciudades como Xalapa, Minatitlán y Coatzacoalcos, las voces del gremio acusan al gobierno estatal de imponer ajustes sin tomar en cuenta la realidad económica que enfrentan los concesionarios, sobre todo ante el alto costo de la gasolina y el mantenimiento vehicular.
En Xalapa, las tarifas oscilan entre 27 y 50 pesos por corrida, cifra que ha sido calificada como “una burla” por Guillermo Celaya de Jesús, líder del Sindicato de Trabajadores Taxistas Miguel Alemán. Asegura que la propuesta original del gremio contemplaba tarifas de 40 a 70 pesos, pero el gobierno impuso cifras menores sin consultar a los trabajadores. “No están acorde a la inflación ni al mantenimiento de las unidades”, reclamó.
En el sur del estado, taxistas de Coatzacoalcos y Minatitlán se manifestaron públicamente contra el ajuste de tarifas, señalando que sus ingresos se ven aún más reducidos. Algunos aseguran que apenas ganan entre 150 y 200 pesos diarios, y que al descontar los gastos de operación, su ganancia neta por corrida es de apenas cinco pesos. Líderes como Jorge Alberto Montiel advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable del gobierno, recurrirán a amparos.
Las nuevas tarifas establecidas en la Gaceta Oficial del Estado determinan ocho zonas tarifarias en Coatzacoalcos, con precios que van de 27 a 47.50 pesos. En Minatitlán se establecieron cuatro perímetros, con tarifas entre 27 y 38 pesos. Taxistas aseguran que incluso la tarifa mínima debió iniciar en 30 pesos, pues lo publicado no corresponde a la propuesta del gremio ni a los costos reales.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, justificó el ajuste señalando que en más de dos décadas no se había actualizado el cobro por servicio de taxi. Sin embargo, también advirtió que quienes no respeten las nuevas tarifas se enfrentarán a sanciones que van desde la detención del vehículo hasta el retiro de concesiones, medida que fue respaldada por la gobernadora Rocío Nahle.
Mientras tanto, organizaciones de taxistas en todo el estado han comenzado a coordinarse para emprender acciones legales y protestas públicas, buscando revertir la decisión. “Es momento de unirnos todos los sindicatos para defender nuestros derechos”, dijo Celaya de Jesús. Las próximas semanas podrían estar marcadas por una creciente presión gremial contra el gobierno estatal.
