La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves la retroactividad incluida de último momento en la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, al considerar que contraviene la Constitución. Con 70 votos a favor y 39 en contra, la Cámara Alta avaló el dictamen, al que el morenista Manuel Huerta incorporó una disposición transitoria que obliga a juzgar casos en curso conforme a la nueva legislación. “Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad”, expresó Sheinbaum en conferencia matutina, donde enfatizó que el transitorio “no era necesario” y que revisará las razones de su inclusión.
El tema ha encendido el debate, pues el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de leyes en perjuicio de persona alguna. La Cámara de Diputados tendrá ahora la responsabilidad de revisar y corregir el dictamen, en medio de advertencias de que la disposición afecta la seguridad jurídica del país. Incluso el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reconoció que la redacción actual es “violatoria” de la Carta Magna y anticipó un análisis minucioso.
El proceso legislativo ya había generado tensiones. En el Senado se realizaron audiencias públicas para escuchar a expertos que advirtieron riesgos en la iniciativa original, como la restricción del interés legítimo para colectivos que presentan demandas en defensa de causas ambientales o sociales, y los límites a las suspensiones temporales que emite un juez para evitar daños irreversibles. Aunque se incorporaron cambios de última hora para mitigar las críticas, la adición de la cláusula transitoria terminó por desatar mayor polémica.
Sheinbaum insistió en que su iniciativa no contemplaba esa retroactividad y subrayó que los juicios de amparo en curso deben seguir rigiéndose por las leyes vigentes cuando fueron presentados. La reforma busca, entre otros puntos, impedir que deudores fiscales interpongan amparos sucesivos para retrasar el cumplimiento de sentencias firmes, una práctica que ha obstaculizado procesos como los que enfrenta Ricardo Salinas Pliego, acusado de deber al fisco más de 75.000 millones de pesos.
El empresario y opositor a la Cuarta Transformación se ha convertido en una de las figuras indirectamente aludidas en el debate, luego de que el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hoy funcionario del Gobierno, respaldara públicamente la iniciativa en la conferencia presidencial. La introducción de la retroactividad, sin embargo, refuerza las sospechas de que la reforma podría tener dedicatoria, aunque la propia mandataria ha pedido a la Cámara de Diputados enmendar lo que calificó como un exceso del Senado.
La iniciativa se mantiene como una de las más controvertidas de la actual administración, no solo por su impacto en los amparos fiscales, sino también por las limitaciones que impone a la participación ciudadana en casos de interés público. En medio de este panorama, la mandataria intenta tomar distancia del polémico transitorio, mientras la oposición acusa a Morena de usar su mayoría para impulsar cambios constitucionalmente cuestionables.
La atención se centra ahora en la Cámara de Diputados, donde se prevé que la reforma será objeto de una revisión más profunda. El desenlace marcará un precedente clave para la interpretación de los derechos fundamentales en México y para el pulso entre el oficialismo y quienes denuncian un debilitamiento de los contrapesos democráticos.
