La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este nuevo órgano será presidido por Pablo Gómez, histórico dirigente de la izquierda, y estará conformado por figuras clave del gabinete presidencial como Rosa Icela Rodríguez, Arturo Zaldívar, José Peña Merino, Lázaro Cárdenas Batel, Ernestina Godoy y Jesús Ramírez Cuevas. El objetivo es emprender un proceso nacional de análisis, debate y propuesta sobre los cambios necesarios al sistema electoral mexicano.
La comisión tendrá como mandato promover un debate público nacional que convoque a la ciudadanía, académicos, expertos y actores políticos a expresar ideas y propuestas sobre la reforma electoral que México necesita. Entre sus tareas se incluye la elaboración de estudios y propuestas, la constitución de grupos de trabajo y la creación de un reglamento interno. El decreto establece que este órgano funcionará hasta el 30 de septiembre de 2030, a menos que la presidenta determine su disolución anticipada.
Uno de los puntos centrales que se anticipan en la propuesta de reforma es la desaparición de los legisladores plurinominales, así como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Estos temas han provocado ya las primeras reacciones dentro del propio oficialismo. Partidos aliados como el PT y el Verde Ecologista han expresado su desacuerdo y demandan condiciones de equidad en la contienda electoral antes de discutir cambios profundos en la representación legislativa.
La designación de Pablo Gómez ha sido interpretada como una jugada estratégica de Sheinbaum. Gómez fue uno de los autores del fallido “Plan A” de reforma electoral impulsado por el expresidente López Obrador, el cual proponía reducir el número de consejeros del INE, eliminar la representación proporcional en el Congreso y transformar al instituto en un órgano de elecciones y consultas. Aunque aquella propuesta no prosperó, muchos de sus puntos resurgen ahora con nuevos matices.
Claudia Sheinbaum ha defendido la idoneidad de Gómez para liderar este nuevo esfuerzo, destacando su experiencia y conocimiento en materia electoral. “Ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país”, sostuvo la presidenta, quien busca una reforma profunda, pero también consensuada. No obstante, algunos sectores de la oposición consideran que esta nueva comisión representa un intento por reeditar los cambios planteados en el pasado con escaso respaldo político.
El decreto que da vida a la Comisión justifica su creación argumentando que las normas actuales del sistema electoral permanecen sin cambios, a pesar de las transformaciones políticas y sociales vividas en México en los últimos años. Se señala que la democracia requiere mecanismos que garanticen el respeto al voto libre, el fortalecimiento de los derechos políticos y la participación equitativa de todas las fuerzas en la vida pública del país.
La comisión podrá invitar a participar —con voz pero sin voto— a representantes de instituciones públicas y privadas, organismos autónomos y sociedad civil, lo cual abre la puerta a una discusión más amplia. No obstante, las decisiones clave quedarán en manos del núcleo cercano a Sheinbaum, lo que ha generado inquietud entre quienes temen una reforma unilateral. Aun así, el reto será lograr una mayoría calificada en el Congreso para impulsar cualquier reforma constitucional.
Con este nuevo intento, Sheinbaum busca retomar el impulso reformista que López Obrador no logró consolidar. El respaldo de los aliados será clave para que Morena logre los votos necesarios en el Congreso. Sin embargo, las posturas críticas dentro del bloque oficialista anticipan un camino complejo. La viabilidad de la reforma dependerá de su capacidad de conciliación y de que los cambios no solo respondan a intereses políticos, sino a una auténtica modernización democrática.
