La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos para rechazar la propuesta republicana que busca imponer un impuesto del 3.5 % a las remesas. En un acto en San Luis Potosí, Sheinbaum pidió a los paisanos escribir a los senadores estadounidenses y dejó claro que, de ser necesario, México podría movilizarse para frenar esta medida. La mandataria subrayó que el dinero enviado por los migrantes sostiene a las familias más necesitadas en el país y que gravarlo sería una injusticia.
El embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, destacó como un avance que las gestiones diplomáticas lograran reducir el impuesto propuesto de 5 % a 3.5 %. Sin embargo, la medida sigue generando preocupación, ya que de aprobarse permitiría al gobierno de Donald Trump recaudar hasta 2 mil 266 millones de dólares anuales. Según el Banco de México, en 2024 se enviaron remesas por un máximo histórico de 64 mil 745 millones de dólares, una cifra clave para la economía nacional.
El impacto en los migrantes no documentados sería directo: analistas advierten que estos trabajadores tendrán que laborar más horas para enviar la misma cantidad a sus familias o resignarse a mandar menos dinero. Además, esto afectaría el consumo local en Estados Unidos, pues los paisanos destinarían más recursos a las remesas y menos a su gasto diario. La senadora Julieta Ramírez advirtió que esta política podría reducir el consumo y que, en términos económicos, resulta contradictoria al dañar un sector que contribuye significativamente al PIB estadounidense.
Óscar Rojas, doctor en economía, alertó que este impuesto representa una forma de discriminación económica, ya que aplica sobre ingresos que ya han sido gravados. Además, abre la puerta a que los migrantes busquen canales informales o incluso ilegales para enviar dinero, aumentando riesgos y vulnerabilidades. BBVA México calcula que enviar 350 dólares podría pasar de costar 6 dólares a 23.50 dólares, cuadruplicando el gasto por transferencia.
La medida propuesta afectaría sobre todo a los migrantes sin papeles, quienes carecen de poder para negociar aumentos salariales que compensen este impuesto. Las personas con residencia legal podrían, en cambio, acceder a créditos fiscales que mitiguen el impacto. El efecto final para las familias receptoras en México dependerá también del tipo de cambio, ya que el poder adquisitivo de las remesas en pesos ha aumentado recientemente, pero la presión a mediano plazo podría ser fuerte.
Rojas consideró que el trasfondo de esta política no es meramente económico, sino simbólico. El gobierno de Trump busca reafirmar su control sobre la migración con medidas que proyectan dureza, aunque económicamente sean irracionales. Las autoridades mexicanas ya han emprendido gestiones diplomáticas, pero los expertos coinciden en que el margen de maniobra es limitado y que México debe fortalecer su economía interna para reducir la dependencia de estos flujos.
Los analistas destacan que, aunque las remesas son clave para muchas familias, el impuesto no afectará de forma sistémica a la economía mexicana: se estima que el impacto en la balanza de pagos sería de apenas 0.08 % del PIB. Sin embargo, un mayor riesgo proviene de una posible caída económica en Estados Unidos que podría reducir el empleo y, con ello, las remesas. Este escenario sería independiente del nuevo gravamen.
