La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha emprendido una ofensiva diplomática ante la propuesta legislativa en Estados Unidos que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes. La medida, impulsada por congresistas republicanos, ya fue aprobada en comisión y podría avanzar en el Congreso, lo que ha provocado una reacción inmediata del Gobierno mexicano. Sheinbaum calificó el proyecto como «discriminatorio» y violatorio de tratados bilaterales, además de subrayar que implica una doble tributación para los connacionales que ya pagan impuestos en territorio estadounidense.
Desde su conferencia matutina, Sheinbaum convocó a los migrantes mexicanos a enviar cartas a sus congresistas estadounidenses, sin importar si tienen o no la ciudadanía, para expresar su rechazo a la propuesta. Paralelamente, anunció que el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, ha comenzado una ronda de reuniones con legisladores estadounidenses y organizaciones de mexicanos en EE UU para explicar las consecuencias del posible gravamen. La presidenta informó que una comisión del Senado mexicano, integrada por todos los partidos, también acompañará esta labor diplomática.
La propuesta estadounidense contempla aplicar el impuesto no solo a las remesas hacia México, sino a todas las enviadas desde EE UU al extranjero, lo que en el caso mexicano representa un impacto económico directo. En 2024, el país recibió 64 mil 745 millones de dólares por concepto de remesas, cifra que equivale a cerca del 4% del Producto Interno Bruto. México es el segundo mayor receptor mundial de remesas, solo por detrás de la India.
En un evento público en Coahuila, Sheinbaum recordó que, aunque la iniciativa fue detenida temporalmente, volverá a ser discutida. Por ello, llamó a mantener la atención y continuar con las acciones diplomáticas. “Está planeado que lo van a volver a discutir y vamos a seguir para evitar que pueda haber este impuesto”, afirmó. Insistió en que cualquier intento de imponer esta carga fiscal representa una injusticia para los trabajadores mexicanos en el exterior, además de un incumplimiento de acuerdos firmados entre ambas naciones.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, también advirtió que el impuesto propuesto viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación firmado por México y Estados Unidos en 1994. Recordó que los migrantes ya pagan impuestos en EE UU, con tasas que oscilan entre 10% y 37%, por lo que imponerles un nuevo gravamen constituye una carga tributaria adicional que va en contra del artículo 25 del tratado mencionado.
Además, Amador subrayó que las remesas son ingresos lícitos provenientes del trabajo de millones de mexicanos y representan un sustento esencial para sus familias en el país. “Esta medida no solo lesiona la economía familiar de millones de hogares mexicanos, sino que además introduce un trato desigual a nuestros connacionales”, apuntó. La Secretaría de Hacienda calcula que, de aprobarse, el impuesto podría significar una reducción significativa en el flujo de remesas hacia México.
El Gobierno mexicano ha reiterado que mantendrá abiertas todas las vías diplomáticas y legislativas para frenar el avance de esta iniciativa, a la que considera no solo una amenaza económica, sino también un agravio a los derechos de los migrantes. “Vamos a seguir atentos y en contacto con todas las instancias necesarias”, concluyó Sheinbaum, mientras la comunidad migrante se organiza para hacer frente a esta nueva ofensiva desde el Congreso estadounidense.
