La presidenta Claudia Sheinbaum optó por evitar una confrontación diplomática con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, luego del desacuerdo generado por la interceptación de una avioneta cargada con cocaína en Tecomán, Colima. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la nave fue detectada en el espacio aéreo salvadoreño antes de aterrizar en México, lo que Bukele niega categóricamente. “Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto”, zanjó Sheinbaum en su conferencia matutina, agregando que no hubo mala fe en el señalamiento.
La aeronave fue asegurada el pasado 3 de julio con 428 kilogramos de cocaína y tres tripulantes de nacionalidad mexicana. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, aseguró que la traza aérea fue detectada por el Centro Nacional de Vigilancia (CENAVI) a 200 kilómetros al sur de San Salvador. Tras seguir su trayectoria, el aparato aterrizó en una pista clandestina en Tecomán, donde fue intervenido por elementos de la Guardia Nacional y la Sedena. Harfuch insistió en que la detección aérea se dio en las inmediaciones de El Salvador.
Bukele respondió con firmeza y negó que la avioneta haya sobrevolado territorio salvadoreño. A través de sus redes sociales, afirmó que “nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo” en su espacio, y adjuntó una imagen donde se ve que la traza estaba “muy al sur” de El Salvador y Nicaragua. Además, citó datos de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATFS, por sus siglas en inglés), con sede en EE.UU., que confirmaban que la aeronave nunca se aproximó a territorio salvadoreño. Por esta razón, exigió una “rectificación inmediata” al gobierno mexicano.
La tensión escaló cuando Bukele reveló públicamente los nombres y lugares de origen de los tripulantes mexicanos: Leonardo Alonso Parra Pérez (Sinaloa), José Adán Jalavera Ceballos (Chihuahua) y Felipe Villa Gutiérrez (Michoacán). Reiteró que El Salvador no encubre criminales y no permitirá que se le relacione con operaciones de narcotráfico ajenas a su jurisdicción. Como medida diplomática, también ordenó llamar a consulta a su embajadora en México, Delmy Cañas, subrayando la gravedad de la imputación.
En respuesta, García Harfuch reiteró que la detección se basó en análisis técnicos y negó que existiera intención alguna de involucrar a El Salvador. “Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada”, expresó en X. Sin embargo, evitó retractarse del todo o hacer una aclaración más precisa, lo cual generó una nueva réplica del presidente salvadoreño, quien insistió en que “no existe ningún indicio” que vincule a su país con el cargamento.
Aunque Sheinbaum dio por concluido el tema, Bukele dejó abierta la posibilidad de futuras demandas diplomáticas si no hay una rectificación pública y técnica. En su mensaje más reciente, concedió el “beneficio de la duda” a Harfuch, sugiriendo que el señalamiento en la conferencia matutina pudo tratarse de un malentendido, pero insistió en que se debe dejar “absolutamente claro” que El Salvador no tuvo participación alguna en el caso.
El incidente ha puesto en tensión la relación entre ambos gobiernos, pese a que ambos comparten discursos de combate frontal al crimen organizado. Sheinbaum ha optado por un cierre inmediato del asunto sin mayores aclaraciones, pero la reacción enérgica de Bukele revela que el daño político podría no estar del todo contenido. De fondo queda la preocupación del mandatario salvadoreño de blindar su imagen de lucha implacable contra el narcotráfico y las pandillas, mientras México busca no abrir frentes diplomáticos innecesarios.
