El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a funcionarios de organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Banco de México, la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia portar armas en el ejercicio de sus funciones de seguridad. Con 105 votos a favor y sin discusión en el pleno, la reforma fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación. La medida busca reforzar la seguridad de áreas estratégicas, bajo la premisa de que los portadores acrediten su necesidad y obtengan autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre los aspectos más destacados de la reforma se incluye el aumento de los tipos de armas y municiones consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como la regulación de armas accionadas por gas o aire comprimido. También se regula el transporte de armas de competidores olímpicos entre sus domicilios y los campos de tiro. Se establece un control más estricto sobre las armas en posesión de particulares, quienes deberán designar a un responsable del arma en caso de fallecimiento o ausencia del titular.
De manera adicional, la reforma permitirá que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo posean rifles calibre .22 o escopetas de bajo calibre en sus domicilios ubicados fuera de zonas urbanas, siempre que acrediten su actividad en el sector rural. Esta disposición busca responder a necesidades de seguridad en áreas rurales donde las autoridades no siempre tienen presencia inmediata.
Asimismo, se endurecen las sanciones contra quienes fabriquen, exporten o modifiquen ilegalmente armas o accesorios. Las penas irán de 7 a 15 años de prisión, con multas que oscilarán entre mil y dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). La reforma también contempla la prohibición de la posesión de vehículos blindados modificados para portar armamento por personas ajenas a las Fuerzas Armadas.
Uno de los elementos clave de esta reforma es la centralización del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos bajo la administración directa de la Sedena. Este movimiento, según los legisladores, busca consolidar el control estatal sobre todo el armamento legal del país, equilibrando la seguridad ciudadana con un control más estricto de la violencia armada.
Durante la discusión, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que la reforma es esencial porque reafirma el carácter de interés social y de orden público de la ley. Consideró que la actualización de la clasificación de armamento y la obligación de campañas educativas sobre los riesgos de explosivos y pirotecnia son medidas importantes para fortalecer la cultura de la paz.
A su vez, legisladores como Luis Alfonso Silva Romo, Juanita Guerra Mena y Alejandra Barrales Magdaleno solicitaron que sus posicionamientos favorables fueran integrados al Diario de los Debates. Todos coincidieron en la necesidad de reforzar las facultades de las autoridades y actualizar las regulaciones conforme a las necesidades actuales del país.
