Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por mayoría una reforma que modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, incluyendo la creación de una Plataforma Única de Identidad y la conversión de la CURP en un documento oficial con datos biométricos. El dictamen, respaldado por Morena y sus aliados, ha generado una intensa polémica por lo que sectores opositores y colectivos consideran como una vía hacia la vigilancia masiva de la población.
La reforma busca agilizar la búsqueda de personas desaparecidas interconectando múltiples bases de datos, como las del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos públicos y privados. La Plataforma Única de Identidad será administrada por la Agencia de Transformación Digital y tendrá capacidad para monitorear en tiempo real cualquier actualización relacionada con la CURP de personas desaparecidas. Este mecanismo, sostienen sus impulsores, permitirá acelerar las labores de localización en casos urgentes.
Sin embargo, más de un centenar de colectivos de búsqueda y más de 200 familiares de víctimas han manifestado su rechazo, señalando que la plataforma “no atiende la crisis” de desapariciones y que en realidad “pretende establecer un sistema de vigilancia de la ciudadanía”. Argumentan que el monitoreo constante del CURP parte de la falsa premisa de que las personas desaparecidas están activas en el sistema, cuando muchas de ellas han sido víctimas de delitos graves como trata, secuestro o desapariciones forzadas.
Legisladores de oposición también han acusado que la propuesta legaliza el espionaje institucional. Ricardo Anaya, del PAN, alertó que con solo teclear una CURP, el gobierno podría acceder a la fotografía, huellas digitales, compras, ubicación en tiempo real y otros datos sensibles de cualquier ciudadano. La senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió del peligro de suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, ante la eventual vulnerabilidad de la base de datos. También se denunció que la obligatoriedad de usar la CURP biométrica para todo trámite someterá a la ciudadanía a un control permanente.
Desde el oficialismo, el senador Manuel Huerta defendió la reforma como un esfuerzo por integrar información antes dispersa e ineficaz, y acusó hipocresía a quienes se oponen: “Lo que ofende no es la tecnología, sino la impunidad que ustedes toleraron”. Por su parte, el senador Pavel Jarero agregó: “El que nada debe, nada teme”, y desestimó los señalamientos como un pretexto para obstaculizar avances en la localización de desaparecidos.
Otro punto de crítica fue el limitado impacto que las propuestas de colectivos han tenido en el dictamen final. Senadoras como Alejandra Barrales (MC) señalaron que de más de 400 planteamientos hechos por víctimas y organizaciones, apenas 30 fueron incluidos. En contraste, la senadora Guadalupe Chavira (Morena) sostuvo que sí hubo consulta previa y que la iniciativa incorpora la postura de las madres buscadoras, al reconocer la corresponsabilidad del Estado en la crisis.
La iniciativa ahora pasará al pleno del Senado para su discusión, mientras persisten las dudas sobre su utilidad real frente a una crisis de más de 129 mil desaparecidos, más de 70 mil cuerpos sin identificar y una impunidad del 99% en estos delitos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la propuesta como parte de una estrategia integral, pero los cuestionamientos sobre su enfoque, utilidad y riesgos en materia de derechos digitales continúan creciendo.
