Con 68 votos a favor y 35 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma que extingue a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y crea en su lugar la Comisión Nacional Antimonopolio, un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su paquete de simplificación orgánica, fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
La nueva Comisión tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y un órgano de gobierno conformado por cinco comisionados, cuya presidencia será designada por el Ejecutivo federal. Tendrá la responsabilidad de identificar, investigar y sancionar conductas que vulneren la ley de competencia, con lo cual se busca alinearse a estándares internacionales y cumplir con los compromisos del T-MEC, en particular el artículo 21 relacionado con política de competencia.
La iniciativa ha provocado reacciones encontradas. Mientras Morena y sus aliados aseguran que se fortalece la política antimonopolios con una institución moderna y eficiente, la oposición acusa un retroceso democrático y una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo. Legisladores del PAN y PRI advirtieron que eliminar un órgano autónomo para sustituirlo por uno bajo control presidencial representa un riesgo para la independencia técnica en la regulación de mercados.
Durante el debate, la senadora Lilly Téllez mostró una fotografía del expresidente López Obrador junto a Alfonso Romo —vinculado a la casa de bolsa Vector— para denunciar lo que consideró un doble discurso del gobierno en su combate a los monopolios. Por su parte, el senador Emmanuel Reyes defendió que la reforma dotará a México de una autoridad con plena legitimidad democrática y capacidad para enfrentar a poderes económicos concentrados.
Entre los principales cambios legislativos destacan sanciones más severas para quienes incurran en prácticas monopólicas absolutas o relativas, incumplimientos de notificación o condiciones de concentraciones, y entrega de información falsa. Además, las empresas sancionadas podrán ser inhabilitadas de participar en contrataciones públicas por periodos de entre seis meses y cinco años.
El nuevo organismo también podrá presentar querellas ante la Fiscalía General de la República, previa emisión del Dictamen de Probable Responsabilidad, para perseguir delitos en materia de competencia. La propuesta plantea que, a diferencia de la Cofece, la Comisión Nacional Antimonopolio actúe con mayor rapidez y coordinación interinstitucional, además de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
La senadora Blanca Judith Díaz argumentó que la reforma responde a la necesidad de un Estado más eficaz, con instituciones alineadas al desarrollo nacional y alejadas de intereses oligopólicos. Afirmó que se busca un aparato regulador más cercano a las necesidades sociales y capaz de evitar decisiones ajenas al contexto económico del país.
Aunque la discusión apenas continuará en la Cámara de Diputados, el cambio ya ha abierto un amplio debate sobre la autonomía de los organismos reguladores y el equilibrio de poderes. Mientras para el oficialismo esta transformación representa modernización, para la oposición se trata de una erosión del régimen democrático en materia económica.
