La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó nuevamente la petición de las empresas Elektra y TV Azteca, pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, para aplazar los juicios fiscales que mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las compañías argumentaron que habían solicitado al gobierno federal ajustar los montos de los créditos fiscales pendientes, pero el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aclaró que no existe fundamento legal para suspender el dictado de las sentencias.
Las firmas de Grupo Salinas enfrentan al menos ocho juicios fiscales ante la Corte, por un monto global superior a los 48 mil millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones. Según la autoridad hacendaria, los adeudos reales del consorcio, considerando todos los litigios y procedimientos acumulados, ascienden a unos 74 mil millones de pesos. Las empresas insisten en que podrían pagar en menos de 10 días si el SAT acepta su propuesta de actualización, que reduciría el monto a 7 mil 600 millones, cifra que la administración federal considera inaceptable.
En los últimos meses, Elektra y TV Azteca han interpuesto una serie de recursos para retrasar o modificar el curso de los juicios. Entre ellos, presentaron solicitudes de impedimento contra las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, alegando presuntas declaraciones que afectarían su imparcialidad. Sin embargo, la SCJN rechazó de plano cinco de estos recursos, al considerar que no existe sustento jurídico que justifique su exclusión de los casos.
El ministro Aguilar Ortiz advirtió que la Corte no admitirá prácticas dilatorias y que los amparos que busquen frenar el proceso sin fundamentos legales serán desechados. Explicó que sólo el SAT, como autoridad responsable, puede aportar nuevas pruebas ante el tribunal, mientras que las empresas promoventes deben sujetarse a los plazos procesales vigentes. Si el SAT llegara a modificar los créditos fiscales, las compañías tendrían la opción de desistirse de los amparos correspondientes.
En paralelo, la SCJN invalidó artículos de la Constitución de Quintana Roo que otorgaban a la Fiscalía Anticorrupción la facultad de intervenir comunicaciones y geolocalizar personas en tiempo real. Por mayoría de seis votos contra tres, los ministros concluyeron que dichas atribuciones vulneran derechos fundamentales y sólo pueden regularse a nivel federal, evitando así duplicidad de funciones y riesgos a la privacidad.
El rechazo de los recursos del Grupo Salinas ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá negociaciones políticas sobre los adeudos fiscales. “Lo único que hemos dicho es: toma chocolate, paga lo que debes”, expresó recientemente al recordar que el SAT tiene los mecanismos suficientes para recibir el pago inmediato sin mesas de diálogo.
La resolución de la Corte marca un nuevo revés para el empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas compañías acumulan años de litigios fiscales sin resolver. El máximo tribunal prevé emitir sentencias definitivas en los próximos meses, mientras el SAT mantiene firme su postura de exigir el pago completo de los créditos que, asegura, se generaron por incumplimientos reiterados en materia tributaria.
