La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió imponer multas a Grupo Elektra por entorpecer y dilatar la resolución de juicios relacionados con deudas fiscales, que ascienden a casi 35 mil millones de pesos. Durante una sesión privada, el Pleno del tribunal evidenció que el grupo ha promovido 38 medios de impugnación –entre ellos 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y 4 conflictos competenciales–, lo que ha retrasado de manera significativa el fallo de varios expedientes judiciales.
La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que, de estos 38 recursos, únicamente se han resuelto 11, dejando a Elektra con una estrategia dilatoria que obstaculiza el proceso de amparo y el cobro de las obligaciones fiscales. Conforme a los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo, el SCJN tiene la facultad de imponer multas que varían entre 30 y 300 días de salario a quien utilice estos medios de impugnación de forma malintencionada para retardar la justicia.
La Corte subrayó que estas tácticas legales, promovidas por el consorcio de Ricardo Salinas Pliego, han servido para postergar decisiones que afectan la recaudación fiscal y la integridad del sistema judicial. Elektra, según los informes, intentó incluso limitar la participación de ciertos ministros mediante impedimentos que resultaron ser infundados, logrando que la resolución de los casos se mantuviera en un limbo prolongado.
El acuerdo alcanzado en la sesión privada refleja la determinación de la SCJN de evitar que se continúen utilizando estrategias dilatorias que perjudiquen el normal desarrollo del proceso judicial. La medida, que se dictará en conjunto con la aplicación de multas, busca no solo sancionar a la empresa, sino también enviar un mensaje de rigor y prontitud en la administración de justicia fiscal.
Este fallo tiene importantes implicaciones para el sistema de justicia, ya que se evidencia la necesidad de mecanismos que impidan el abuso de recursos legales para evadir responsabilidades. Al imponer estas sanciones, la SCJN pretende frenar prácticas que, al prolongar la incertidumbre en los juicios, afectan no solo a las autoridades fiscales, sino también a la credibilidad del sistema judicial en su conjunto.
Aunque Elektra había logrado, mediante una serie de recursos, retrasar la resolución de sus casos, la acción de la SCJN pone fin a esta estrategia y establece un precedente para futuros litigios en materia fiscal. El caso se mantendrá en seguimiento hasta que se dicte la sentencia definitiva, mientras se espera que el Tribunal continúe adoptando medidas que garanticen un proceso justo y expedito para todos los implicados.
