El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero impuso sanciones al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director del medio digital Acapulco Trends, por presunta violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. La resolución exige una disculpa pública por 15 días, el pago de multas por más de 22 mil pesos, y su inscripción por un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El origen del conflicto se remonta a una investigación difundida por Acapulco Trends en 2023, tras el paso del huracán Otis, donde se señalaban irregularidades por 898 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado, y presuntamente vinculadas al gobierno municipal. La alcaldesa interpuso una denuncia, argumentando que las expresiones vertidas tanto en la nota como en redes sociales vulneraban sus derechos político-electorales por razón de género.
El Tribunal determinó que algunas publicaciones del periodista excedían los límites del ejercicio periodístico. Como parte de las sanciones, además de las disculpas y las multas, se le ordenó cursar capacitaciones en perspectiva de género, leer bibliografía especializada y publicar el extracto de la sentencia durante 30 días consecutivos. La negativa a cumplir derivó en nuevas multas, que podrían ascender a 22 mil pesos adicionales.
El medio respondió a las medidas denunciando un intento de censura y asegurando que su trabajo solo expone irregularidades en el manejo de recursos públicos. En su posicionamiento, Acapulco Trends acusó una presión política directa de la alcaldesa, y cuestionó que se les obligue a disculparse durante 15 días como una forma de castigo desproporcionado y punitivo.
Este caso no es aislado. En los últimos meses, autoridades en otros estados han aplicado la figura de violencia política de género contra medios, periodistas y hasta ciudadanos. Destacan los casos de Tania Contreras López, presidenta del Tribunal de Tamaulipas, contra EL UNIVERSAL y Héctor de Mauleón; y el de la diputada Diana Karina Barreras contra una ciudadana, Karla Estrella, que la criticó en redes sociales. En ambos, los sancionados han debido disculparse públicamente y pagar multas, lo que ha generado cuestionamientos por posible abuso de la figura legal.
También han sido sancionados medios como Aristegui Noticias, en el caso de Dora Alicia Martínez Valero, y el portal Tribuna de Campeche, cuyo director fue vinculado a proceso penal y suspendido de ejercer el periodismo. En Puebla, se aprobó una ley que permite bajar contenido de plataformas sin orden judicial, lo que organizaciones como Artículo 19 han calificado como censura digital.
Diversas voces del periodismo y la sociedad civil, como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas, advierten que estas acciones podrían estar desvirtuando la figura de violencia política de género, usándola como herramienta para silenciar voces críticas. Denuncian que se está configurando un patrón donde funcionarios públicos utilizan las vías legales para acallar a quienes cuestionan su gestión.
En el caso de Guerrero, el proceso sigue en curso, y tanto el Instituto Electoral local como el tribunal han advertido que continuarán vigilando el cumplimiento de las sanciones, incluyendo el cobro forzoso por parte de la Secretaría de Finanzas estatal. Mientras tanto, Acapulco Trends ha reiterado que continuará informando, a pesar de las medidas que considera una amenaza a la libertad de expresión.
