El conflicto entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno federal escaló este miércoles luego de que Grupo Salinas anunciara que recurrirá a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defenderse de los adeudos fiscales que reclama el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La decisión se dio tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó la existencia de un acuerdo fiscal con el conglomerado.
En un comunicado difundido en redes sociales, Grupo Salinas afirmó que “seguirá ejerciendo su derecho a defenderse” y aseguró que las conversaciones con la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador representaron un acuerdo legítimo. “El habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”, señaló la empresa, que insiste en que los acercamientos se dieron bajo los principios de buena fe y dentro del marco legal.
El exsubdirector del SAT, Arturo Medina Padilla, desmintió esa versión al afirmar que, si bien hubo reuniones técnicas con representantes de la empresa, nunca se acordó monto ni ruta de solución. La presidenta Sheinbaum respaldó esta postura y acusó a Salinas Pliego de intentar convertir un asunto jurídico en uno político. “Si quieren pagar, que paguen. Nadie les impide hacerlo. Esto no es político, es un tema de impuestos”, sostuvo durante su conferencia matutina.
El empresario, dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, ha sostenido una batalla legal con el SAT por presuntos adeudos que suman más de 30 mil millones de pesos derivados de ejercicios fiscales entre 2008 y 2013. En días recientes, aseguró estar dispuesto a saldar la deuda en un plazo no mayor a 10 días si se actualiza el monto y se confirma la cifra exacta, lo que el Gobierno federal consideró una estrategia mediática.
No es la primera vez que Salinas Pliego o sus empresas apelan a supuestas violaciones de “derechos humanos” en su defensa. En el pasado, Grupo Elektra intentó invalidar créditos fiscales bajo ese argumento, llegando incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazó otorgarle amparo. En 2012, un fallo judicial le permitió a la empresa evitar una metodología de valuación en la Bolsa Mexicana de Valores, resolución que generó polémica por citar la Convención Americana de Derechos Humanos, usualmente aplicable a personas y no a corporaciones.
El anuncio de acudir a la Corte Interamericana fue interpretado por analistas como un intento de Salinas Pliego por internacionalizar su disputa con el Estado mexicano y ganar tiempo en los procesos judiciales que mantiene abiertos. El Gobierno, por su parte, ha reiterado que no existe persecución alguna y que únicamente busca que el empresario cumpla con sus obligaciones fiscales como cualquier contribuyente.
Mientras tanto, la controversia continúa polarizando al ámbito político y empresarial. Grupo Salinas sostiene que ha sido víctima de una campaña de hostigamiento, mientras que la administración federal insiste en que el magnate pretende eludir un pago multimillonario amparándose en argumentos extrajurídicos.
