Las autoridades federales y estatales de Veracruz han intensificado los operativos para desinstalar cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en diversos municipios del estado, presuntamente por grupos de la delincuencia organizada. Hasta el momento, se han retirado casi un centenar de dispositivos en localidades como Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica, Minatitlán y Córdoba, entre otras. Estas cámaras, colocadas en postes de alumbrado público y energía eléctrica, eran utilizadas para monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad y facilitar actividades ilícitas.
La gobernadora Rocío Nahle calificó de “raro” que estas instalaciones no hubieran sido detectadas por administraciones anteriores, subrayando que representan un grave problema de seguridad y un uso indebido de espacios públicos. «Es una estrategia que estamos implementando para poner orden en Veracruz. No se puede permitir este tipo de operaciones ilegales», enfatizó la mandataria, quien reconoció los esfuerzos conjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Policía estatal en estos operativos.
En el más reciente despliegue, en municipios del norte del estado como Tuxpan y Ozuluama, las autoridades lograron asegurar 24 cámaras adicionales. Todo el equipo retirado ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para su investigación. Aunque aún no se ha identificado a un grupo delincuencial específico como responsable, los dispositivos fueron diseñados para vigilar a las autoridades y garantizar impunidad.
Nahle destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad para devolver el control de los espacios públicos a los ciudadanos y garantizar la paz en la entidad. A pesar de la preocupación generada por estas revelaciones, la mandataria también informó sobre avances en otros temas, como la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que destinará el 10% de sus recursos a municipios indígenas del estado.
El retiro de estas cámaras refleja un esfuerzo decidido por parte del gobierno para combatir las estructuras de la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en Veracruz. Sin embargo, queda la interrogante de cómo lograron operar durante tanto tiempo sin ser detectadas.
