El presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ha sufrido un recorte significativo, pasando de 135,589 millones de pesos en 2024 a 81,220 millones este año, lo que representa una disminución del 42.5 por ciento. Este ajuste se ha justificado en la transferencia de recursos hacia el fideicomiso del IMSS Bienestar, según informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. De las 32 entidades, 23 firmaron convenios para que sus fondos se canalicen a través del nuevo esquema. La medida pretende reestructurar el financiamiento de la salud en un contexto de optimización presupuestal y mayor centralización.
La reestructuración implica que los recursos del FASSA se transfieran al Fondo de Salud para el Bienestar, en el que el IMSS Bienestar actúa como fideicomitente. Las entidades que suscribieron los convenios registran una disminución promedio del 53.3 por ciento en términos reales, afectando a estados como el Estado de México y Puebla, que enfrentan recortes de 7,812 y 3,750 millones de pesos respectivamente. Aunque se suma un incremento de 36,938 millones para el presupuesto del IMSS Bienestar en 2025, la redistribución de fondos ha generado incertidumbre en la atención local y en la sustentabilidad de servicios básicos.
En medio de este reajuste, se han evidenciado serias deficiencias en la operatividad de algunos hospitales. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México, ha sido escenario de protestas y denuncias por la falta de medicamentos, insumos y personal, situación que ha reducido su capacidad operativa al 25 por ciento. Los trabajadores han colocado letreros en las áreas de urgencias reclamando condiciones mínimas para atender a los pacientes, lo que refleja el impacto directo de la reestructuración en la calidad del servicio.
La crisis se extiende a otros centros que han migrado al esquema del IMSS Bienestar. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el personal médico, de enfermería y administrativo tomó control del hospital durante una semana para protestar por la carencia de medicamentos, equipos quirúrgicos y retrasos en el pago de salarios. Testimonios de los empleados señalan que la situación se agravó desde la transición a este modelo en enero de 2024, evidenciando deficiencias que incluyen desde insumos básicos como agua purificada hasta la falta de equipos de diagnóstico.
El impacto de estos recortes y de la mala gestión en la redistribución de recursos se refleja en la atención a los pacientes, quienes deben recurrir a la compra de medicamentos que en condiciones normales serían proporcionados por el sistema público. En diversas clínicas, como algunas en Guadalajara, se reporta la escasez de fármacos esenciales para el tratamiento de diabéticos y pacientes renales, forzando a las familias a asumir altos costos de medicamentos como la insulina. Estas situaciones agravan el descontento y ponen en tela de juicio la eficacia del nuevo esquema de financiamiento.
El contraste entre el incremento global del presupuesto del IMSS Bienestar, que alcanza 165,845.9 millones de pesos para 2025 con un alza real del 23.7 por ciento, y los recortes profundos en el FASSA resalta la complejidad del escenario. Mientras se intenta consolidar un modelo centralizado, la reducción de recursos destinados a servicios locales genera vacíos en la atención y debilita la respuesta inmediata ante emergencias sanitarias. Las cifras oficiales conviven con denuncias de un deterioro palpable en la calidad de la atención, creando un clima de incertidumbre entre autoridades y usuarios.
