En Guanajuato, el hallazgo de fosas clandestinas se ha vuelto un fenómeno dolorosamente repetitivo que no solo reconfigura la geografía local, sino también la memoria y el tejido social de las comunidades. La reciente noticia de los 17 cuerpos encontrados en Rancho Nuevo del Llanito, Irapuato, los días 23 y 24 de mayo, es solo la punta del iceberg de una violencia que azota la entidad desde hace más de una década. Este caso confirma que, en medio de la violencia y la impunidad, las autoridades y la sociedad están enfrentando una crisis humanitaria que ya no puede ser reducida a cifras frías ni a comunicados oficiales.
Según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, las víctimas llevaban enterradas dos o tres meses en una casa abandonada ubicada en la calle Santos Degollado, a un costado de una cancha de futbol que solía ser punto de reunión de la comunidad. Del total, 11 eran hombres, dos mujeres y cuatro personas cuyo sexo aún no se ha determinado, aunque ya se ha confirmado la identidad de 13 de ellas, todas con carpetas abiertas por desaparición. El hallazgo no fue fortuito: se logró gracias a una línea de investigación específica, que incluyó cateos, trabajo de inteligencia y la intervención de células de arqueología y antropología forense.
Sin embargo, la magnitud del problema trasciende este hallazgo puntual. Desde 2009 hasta marzo de 2025, se han registrado al menos 723 fosas clandestinas en Guanajuato, con cerca de 1,352 cuerpos recuperados. Solo entre enero y marzo de este año, se han identificado 33 nuevas fosas, lo que confirma que el fenómeno sigue creciendo. El municipio de Irapuato, donde se localiza Rancho Nuevo del Llanito, encabeza la lista con más de 102 fosas clandestinas y 262 cadáveres recuperados en los últimos 15 años. Este escenario convierte al estado en un epicentro del horror, marcado por violencias múltiples y una impunidad galopante.
Rancho Nuevo del Llanito no siempre fue un lugar manchado por el miedo. Hace apenas unos años, la comunidad vivía cohesión y solidaridad, como se vio en marzo de 2017, cuando los vecinos apoyaron a la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes, desaparecido forzadamente por el Ejército. Aunque su cuerpo fue hallado días después, su caso marcó un quiebre profundo en el tejido social. Desde entonces, la violencia se ha intensificado con la operación de grupos criminales como el Cártel Santa Rosa de Lima, la fallida militarización y los fracasos judiciales que no han frenado la ola de homicidios ni desapariciones.
El drama de Salvatierra, donde se hallaron 81 cuerpos en 2020, es otro ejemplo emblemático de este horror. A pesar de los esfuerzos de colectivos como Ángeles de Pie por Ti para exigir un sitio de memoria, la justicia no ha llegado. Incluso, casos como el de la familia Barajas Piña, cuya hija Lupita fue desaparecida y asesinada, y cuyo hermano Javier fue ultimado por seguir buscándola, muestran cómo la impunidad alimenta nuevas violencias. La resolución de estos casos sigue en manos de magistrados y jueces, muchos de los cuales están hoy inmersos en campañas políticas, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad y compromiso.
La Fiscalía de Guanajuato insiste en que se están aplicando los protocolos de búsqueda e identificación con rigor científico, pero la percepción social es otra. Las familias y colectivos denuncian las malas construcciones de los casos, la falta de resultados concretos y el abandono institucional que los obliga a asumir tareas que corresponden al Estado. Mientras tanto, los perpetradores siguen libres, caminando impunemente por las calles.
Los hallazgos en Rancho Nuevo del Llanito y otras comunidades aledañas, como San Antonio el Rico, no solo representan cifras escalofriantes, sino heridas abiertas en el corazón de Guanajuato. La violencia ha transformado el campo que antes alimentaba a México en un escenario de exterminio, fosas y búsquedas interminables. Las víctimas no son números: son hijos, hijas, padres, madres, hermanos, con historias truncadas que claman por memoria, justicia y reparación integral.
Romper este círculo vicioso exige mucho más que operativos espectaculares o discursos oficiales. Requiere una política pública seria que priorice la verdad, la justicia y la memoria, y que se construya de la mano con los familiares de las víctimas. Solo así podrá comenzar a cerrarse esta larga herida, que hasta hoy sigue supurando en las entrañas de Guanajuato.
