La protesta contra la gentrificación realizada el viernes en la Ciudad de México, que inició de forma pacífica pero derivó en actos de vandalismo, ha generado un amplio debate nacional e internacional. Entre consignas como “Expat = gentrificador” y “Tu nuevo hogar es una invasión”, los manifestantes expresaron su rechazo al aumento desmedido del turismo y la migración de nómadas digitales, que ha encarecido la vivienda en colonias como Roma y Condesa. El evento se tornó violento cuando algunos participantes atacaron negocios, destrozaron cristales y realizaron pintas.
La manifestación dejó al menos 13 inmuebles afectados, sin reportes de detenidos. El gobierno capitalino, a través de la jefa de gobierno Carla Brugada, reconoció que la gentrificación representa un problema real, pero condenó la violencia y cualquier expresión xenófoba. “La Ciudad de México no está de acuerdo con la gentrificación, pero tampoco con el odio contra personas migrantes”, expresó. Funcionarios como César Cravioto señalaron que los disturbios no representan el espíritu de una ciudad que históricamente ha sido refugio de migrantes.
El movimiento fue aprovechado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que usó imágenes de la protesta para promover la autodeportación de personas indocumentadas a través de la aplicación CBP Home. En un mensaje en redes sociales, el DHS escribió: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”, alimentando así la narrativa antiinmigrante del gobierno de Donald Trump.
A nivel empresarial, la protesta encendió alarmas. Organismos como la Coparmex, Canacintra y Canadevi condenaron enérgicamente los actos violentos, al señalar que estos generan incertidumbre para la inversión en un momento clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Afirmaron que dañar comercios y atacar a transeúntes vulnera el estado de derecho y la imagen de la ciudad como un destino seguro y atractivo.
Aunque reconocieron que la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda deben ser atendidos, los empresarios capitalinos instaron a que la solución venga por la vía institucional y el diálogo. “Ninguna causa justifica la violencia, la intimidación ni la destrucción del patrimonio de quienes generan empleo”, señalaron, al tiempo que urgieron al gobierno a garantizar el cumplimiento del marco legal y proteger a quienes apuestan por la capital.
En redes sociales, el Frente Anti Gentrificación Mx defendió la protesta como una acción necesaria contra lo que consideran “una expulsión silenciosa” provocada por el turismo masivo y la especulación inmobiliaria. El grupo comparó la actual ola migratoria extranjera con una forma moderna de colonialismo y pidió políticas que garanticen el derecho a la vivienda digna para los residentes históricos de la ciudad.
