La presidenta del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, presentó ocho denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García, por presuntos delitos electorales. La legisladora del PRI aseguró que esta acción se debe a la negativa de las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena de aprobar sanciones políticas contra el mandatario, a pesar de que existen múltiples fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que acreditan violaciones a la ley electoral.
De la Garza explicó que, aunque la Comisión Anticorrupción del Congreso local ha intentado dar seguimiento a estos fallos desde el primer dictamen del TEPJF, la falta de votos en el Pleno ha impedido que se emita una sanción contra el gobernador. “Al ser un órgano colegiado, dependemos del voto de todos los diputados, y MC y Morena han bloqueado sistemáticamente cualquier castigo”, declaró.
La diputada afirmó que el Congreso ha recibido un total de 35 resoluciones del TEPJF que acreditan irregularidades en la conducta electoral del mandatario estatal. Dado que el Congreso sólo puede imponer sanciones políticas, y al no haber consenso legislativo, decidió llevar el caso ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, donde las sanciones pueden ser penales. “Aquí no dependemos de votos, sino de la aplicación de la ley”, enfatizó.
Lorena de la Garza precisó que entre las resoluciones del tribunal electoral hay determinaciones de la Sala Regional y la Sala Superior que señalan reiteradas violaciones cometidas por Samuel García. Por ello, confía en que la FGR pueda avanzar con imparcialidad en una investigación que derive en sanciones concretas. “No puede haber 35 sentencias sin castigo; eso genera un sentimiento de impunidad entre la ciudadanía”, dijo.
La legisladora agregó que muchas de las quejas que han recibido los diputados que impulsan sanciones son sobre la falta de consecuencias jurídicas a pesar de los fallos reiterados del TEPJF. En ese sentido, insistió en que ya no basta con intentar sancionar políticamente al gobernador, y que debe intervenir una instancia penal que no esté sujeta a acuerdos entre partidos.
Cabe recordar que este no es el primer intento del Congreso local por responsabilizar al gobernador. En febrero de 2025, la Comisión Anticorrupción declaró procedente una solicitud de juicio político en su contra, por presuntas conductas que, según el dictamen, “dañan gravemente los intereses públicos fundamentales”.
La presentación de las ocho denuncias representa una escalada en el conflicto entre el Congreso de Nuevo León y el Ejecutivo estatal, y pone nuevamente en la mira la gestión de Samuel García, quien enfrenta cuestionamientos legales mientras mantiene el respaldo de su partido, Movimiento Ciudadano, y del bloque de Morena en la legislatura local.
