El día de ayer, durante una comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez, mencionó que está por entrar en uso una ventanilla única para tramitar órdenes de cateo en un plazo aproximado de 20 minutos. Para ello, se habilitarán turnos de 4 jueces las 24 horas a lo largo de todo el territorio estatal. De acuerdo con lo que mencionó, la finalidad de esta ventanilla única es agilizar las diligencias ministeriales, pues —según dijo— el cateo tiene una naturaleza urgente, ya que puede considerarse el lugar de los hechos en la comisión de delitos, la localización de personas privadas de la libertad, o de personas que cuentan con órdenes de aprehensión.
La medida, en principio, suena bien. Realizar cualquier acción que pueda agilizar la procuración de justicia vale la pena por lo menos ser escuchada. Sin embargo, como dice el refrán popular: “Cuidado con lo que deseas, que se puede volver realidad”.
El gran problema de la justicia en Veracruz (y en México) no es la velocidad con la que se otorgan las órdenes de cateo a inmuebles. En realidad, tiene que ver más con la judicialización de las carpetas de investigación y el abuso de la prisión preventiva. Esto es: ¿cuántas de las denuncias recibidas son atendidas?, ¿cuántas de las personas que son detenidas por la Fiscalía son halladas culpables de haber cometido un delito? Y, desde que son detenidas, ¿cuánto tiempo toma llegar a esa sentencia? En ocasiones anteriores se ha abundado en cifras que oscilan en un 98% aproximado de impunidad.
Todo lo anterior, sin entrar al detalle de cómo la Fiscalía ha sido históricamente utilizada para la persecución de adversarios políticos y voces críticas: desde el encarcelamiento de Maryjose Gamboa en tiempos de Javier Duarte, pasando por los miles de detenidos por “ultrajes a la autoridad” —entre ellos el exsecretario de Gobierno Rogelio Franco— y múltiples ex servidores públicos durante la administración de Cuitláhuac García, hasta el caso más reciente: la imputación de terrorismo a un periodista en Coatzacoalcos.
No es de ahora que la Fiscalía tiene “manga ancha” para llevar a cabo prácticamente cualquier detención que estime necesaria, ni para solicitar de manera rutinaria la prisión preventiva, sino que ahora se facilitarán lo que la Constitución considera “actos de molestia”. Si lo que se pretende es normalizar órdenes de cateo en 20 minutos, conviene recordar que esa velocidad también puede traducirse en discrecionalidad cuando no existe un contrapeso real.
En suma: primero viene el cateo y la detención; ya después (con toda calma), la investigación. Mientras, espere usted uno, dos o los años que la Fiscalía considere necesarios para hacer su labor. Y cuando el Estado se acostumbra a actuar primero y justificar después, el ciudadano queda atrapado en una dinámica donde la presunción de inocencia se vuelve decorativa.
Siguiendo la metáfora de un vehículo, una de las principales quejas contra la Fiscalía es la lentitud con la que desahogan el proceso. Cualquiera que haya interpuesto una denuncia, sido denunciado o litigado algún asunto penal puede dar cuenta de ello. Como un coche que apenas camina. Imagine ahora: ¿qué es lo peor que puede pasar si se le da a alguien que apenas sabe manejar un vehículo que puede ir a tanta velocidad? A ver contra qué choca, o contra quién…
