Karla Estrella, usuaria de la red social X, fue sancionada por ejercer violencia política en razón de género contra la diputada Diana Karina Barreras. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó ofrecer una disculpa pública durante 30 días consecutivos, derivado de un mensaje publicado en 2024 en el que insinuaba que la candidatura de Barreras fue producto del “berrinche” de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados. El mensaje fue considerado por la autoridad como una expresión que minimizaba los méritos y trayectoria de la legisladora.
La sanción también incluyó una multa y la obligación de recibir una capacitación en materia de género y derechos humanos. En el mensaje de disculpa, la ciudadana admite haber ejercido violencia simbólica, psicológica, mediática y digital basada en estereotipos de género, lo cual afectó los derechos político-electorales de la diputada. El caso ha generado polémica en redes sociales, donde diversos usuarios aseguran que se trata de un acto de censura y que la medida vulnera la libertad de expresión.
Karla Estrella rechazó que su intención haya sido descalificar a la diputada o sus capacidades. En entrevista, aseguró que su comentario formaba parte del debate público sobre un posible caso de nepotismo. “Nunca mencioné a la persona. Hablé de un actor político que pudo haber influido. Pensé que podía expresar eso sin ofender”, explicó. La resolución, dijo, “inhibe el debate democrático” y representa una forma de censura que puede sentar un precedente negativo para el ejercicio ciudadano de la crítica política.
El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, respaldó esa visión y consideró que la sanción tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, al castigar la opinión de una ciudadana sobre un tema público y político. “El efecto es claro: se inhibe el debate democrático”, sostuvo, señalando que el castigo va más allá de lo proporcional y plantea dudas sobre el equilibrio entre proteger los derechos políticos y permitir la crítica ciudadana.
Por su parte, la diputada Diana Karina Barreras rechazó que su denuncia busque censurar la libertad de expresión. Señaló que su intención fue sentar un precedente en la defensa de los derechos de las mujeres que participan en política. “Nunca estaré a favor de la censura, pero sí de defender los derechos de quienes luchamos por construir nuestra carrera en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras como es la política”, afirmó.
La legisladora, quien cuenta con formación académica en Derecho y experiencia previa como regidora y funcionaria en instancias de seguridad y género, sostuvo que el comentario recibido la invisibilizaba como figura política al reducir su candidatura a una supuesta imposición por parte de su esposo. “No se puede permitir que una mujer en política sea tratada como extensión del poder masculino”, dijo en alusión al fallo del TEPJF que le dio la razón en todas las instancias legales.
La sanción también ha provocado un debate sobre los límites de la violencia política en razón de género, pues algunos expertos advierten que debe distinguirse entre agresiones reales y críticas legítimas en un contexto democrático. La resolución, sin embargo, se sustentó en que la publicación utilizó estereotipos para desacreditar la trayectoria de la diputada, reproduciendo patrones de control patriarcal, lo que vulnera principios básicos de igualdad en el ámbito político.
