El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas activó por primera vez en la historia el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señalando a México por posibles desapariciones sistemáticas o generalizadas. La decisión se dio a conocer tras el vigésimo octavo período de sesiones del Comité, y abre la posibilidad de llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU para su atención urgente.
El presidente del Comité, Olivier de Frouville, explicó que esta medida extrema se tomó con base en información fundamentada que indica que el fenómeno de las desapariciones forzadas en México podría constituir una práctica sistemática. Aunque aclaró que el procedimiento no prejuzga al Estado mexicano, advirtió que se enviará una solicitud formal de información en las próximas semanas, y que la ONU buscará mantener un diálogo constructivo con el gobierno.
En México hay más de 126 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional. Desde su visita al país en 2021, el Comité ya había expresado preocupación por este fenómeno, al que calificó como una crisis estructural, y recomendó implementar una política nacional integral, pero las organizaciones de derechos humanos han denunciado que dicha medida no se ha cumplido eficazmente.
El Comité ha señalado que esta es la primera vez que se activa este protocolo en todo el mundo. La acción implica una alerta internacional, pues de confirmarse que las desapariciones son cometidas de manera generalizada o sistemática, se estaría ante posibles crímenes de lesa humanidad, lo que implicaría un escrutinio mayor por parte de la comunidad internacional y responsabilidades más severas para el Estado.
Paralelamente, el Comité también dictó medidas cautelares a México respecto al caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos de búsqueda localizaron restos óseos y diversos objetos personales. Las medidas exigen proteger el predio, preservar la cadena de custodia, identificar genéticamente los restos y garantizar la participación activa de las familias en los procesos de búsqueda e investigación.
La preocupación del Comité también se centra en las denuncias sobre amenazas, intimidaciones y represalias contra integrantes de los colectivos de búsqueda. En este sentido, la ONU urgió al Estado mexicano a reforzar las medidas de protección para estas personas y a garantizar su seguridad e integridad, además de asegurar el acceso pleno a la información sobre el caso.
Entre las acciones urgentes exigidas están el análisis exhaustivo de los objetos encontrados, la identificación de los restos y la elaboración de un análisis de contexto para determinar patrones, modus operandi y perfiles de las víctimas. El CED también demandó que se informe a los familiares sobre los avances de la investigación y se asegure su participación directa.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo han celebrado la activación del procedimiento como un paso histórico para visibilizar la crisis de desapariciones en México y exigir justicia. Señalan que este reconocimiento internacional es crucial para las miles de familias que buscan a sus seres queridos y enfrentan una constante omisión del Estado.
Aunque la ONU ha reiterado su intención de colaborar con el gobierno mexicano, la posibilidad de escalar el tema a la Asamblea General marca una presión sin precedentes. México se encuentra en el centro de la atención internacional y el mundo observa cómo responde ante una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente.
